Por Miguel Tirado Rasso
La presentación oficial, en Palacio Nacional, de un documento confidencial, apócrifo, de origen desconocido, en el que se plantean dos objetivos específicos: desplazar a Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2024, podría considerarse como el arranque informal del proceso electoral de 2021. El formal, el que señala la ley, inicia el próximo mes de septiembre.
Si, como se dice, en política la forma es fondo, es de destacar el hecho de haberle dado difusión, avalada por el Jefe del Ejecutivo, en vivo y a nivel nacional, a un documento que cualquier medio de comunicación lo hubiera desechado por su dudosa autenticidad, su origen desconocido y su escaso valor noticioso, pues los objetivos ahí mencionados no dejan de ser algo que, cualquier oposición seria, estaría buscando, sin temor de estar violando alguna ley. A fin de cuentas, en política, se lucha por el poder y éste se alcanza derrotando al contrario. Y, por lo que toca a la revocación de mandato, es ahora un procedimiento constitucional (Art. 35), promovido por el propio Ejecutivo.
El documento, denominado Rescatemos México, no descubre nada nuevo. En su diagnóstico apunta que el Presidente mantiene un nivel de preferencia arriba del 50 por ciento y que Morena se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y en 10 de 15 de las
gubernaturas en juego. Que se puede derrotar a Morena potenciando sus debilidades y con la formación de un Bloque Opositor Amplio (BOA), en el que participen partidos de oposición, gobernadores, grupos empresariales, medios de comunicación, etc. Es decir, algo elemental, pues cuando en este país predominaba la “mafia del poder,” la oposición no dudó en conformar un bloque denominado Alianza por el Cambio, para derrotarla y “sacar al PRI de Los Pinos”, lo que logró en la elección del nuevo milenio, sin que nadie denunciara, incluyendo los priistas, un complot en contra del gobierno. También sucedió 12 años después, cuando el PRI derrotó al gobierno panista en alianza (Compromiso por México) con otro partido político, que ahora está con Morena. Una elección en la que, por cierto, el derrotado PAN compitió solo. Así es el juego de la democracia en la que todo se vale, salvo lo prohibido expresamente por la ley.
En el documento, llama la atención una afirmación que resulta sospechosa por supuestamente provenir de los enemigos del gobierno, como se les cataloga. Se dice en el diagnóstico que “el gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del Coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero público entre los afectados a través de programas sociales…”
Creo que nadie de los de enfrente habría estado de acuerdo en incluir semejante afirmación en un documento confidencial de estrategia de campaña, que no deja de ser un reconocimiento a la 4T. Pues, sólo en la 4T piensan que sus medidas han mitigado el impacto económico. En contra, esa es una de las asignaturas pendientes, quizás la más reclamada por críticos del gobierno y afectados por la pandemia, porque la negativa a apoyar a quiénes han quedado en el desempleo debido a las medidas de contingencia ha sido parte central del discurso mañanero. Suponemos que quien escribió el documento, lo venció el amor a la camiseta. Esa podría ser una buena pista para ubicar a su autor.
Convocar la formación de alianzas entre partidos diversos, no es ya ninguna novedad, pues estas han proliferado, tanto en elecciones presidenciales, como en comicios locales para alcaldes, diputados y gobernadores. Y es que, a estas alturas, los principios ideológicos se volvieron muy flexibles, cuando se tienen, por lo que las alianzas calificadas de contra natura, que no son lo ideal, ahora las vemos más factibles y sin asombro. En el objetivo para derrotar a un gobierno hegemónico, el pragmatismo supera a la afinidad ideológica o a la programática común y, en nuestro país, esa práctica se aplica desde hace un buen rato.
Tampoco aporta nada esta estrategia cuando recomienda escoger los mejores cuadros para postularlos a los cargos de elección popular. Muy conveniente y necesario para el país, algo de lo que debería tomar nota Morena y sus aliados. México necesita representantes populares preparados, calificados y comprometidos, además de honestos, por supuesto.
Pero si el documento no descubre nada espectacular, es de suponer algún propósito con su difusión. Y, en el malabarismo político de nuestros días, habría un mensaje subliminal al exhibir supuestas acciones que desacrediten la actuación de los enemigos políticos, además de descalificar y etiquetar a quiénes considera enemigos, conservadores, por no estar a favor de su proyecto de gobierno (conmigo o en mi contra), y bautizar como conspiración, algo que es absolutamente legal, válido en los sistemas democráticos, como es la lucha por el poder dentro del marco constitucional.
Tres temas, contemplados en el Plan de Acción, podrían prestarse a esa interpretación reprobable. Primero, la referencia a las cámaras empresariales como patrocinadoras de los candidatos del Bloque, lo que no autoriza la ley y, por lo tanto, las coloca como transgresoras de la ley.
Segundo, el cabildeo extraterritorial, con gobiernos y medios extranjeros, algo que irrita y huele a traición a la patria y, tercero, la mención de las autoridades electorales como parte de los “conspiradores”, lo que plantea una descalificación del juez, oportuna y conveniente, en caso de derrota.
