Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), anunció este miércoles por la tarde el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades observadas en la adquisición de los 20 ventiladores en el IMSS en Hidalgo, en donde detalló que se cuentan con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares.
En un comunicado, la secretaria señaló que tras las diligencias de investigación y visitas de verificación e inspección que iniciaron desde el 1 de mayo, ya se cuentan con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.
Indicó que la SFP en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre, aseguró, las garantías del debido proceso de los involucrados.
En este sentido, la titular de la SFP, apuntó que, en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, «se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y en cualquier caso se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones».
Sandoval Ballesteros informó que respecto a los requerimientos que desde el inicio de las investigaciones se realizaron a las dependencias del gobierno federal, ya han sido respondidos tanto por el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas.
Además, reveló, se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que está aún en tiempo para responder.
Al recordar que los expedientes de investigación fueron abiertos desde el 1 de mayo, comentó que «vamos a un buen paso y pronto daremos conclusiones», y agradeció a los medios de comunicación y a la ciudadanía por sus aportaciones.
Aseguró que a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, en este caso «no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la SFP en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados».
«En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido», agregó.
