Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fideicomisos, provocó una inquietud generalizada entre los trabajadores al servicio del Estado que temen incluya al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) que reciben los primeros días de agosto de cada año, una de sus prestaciones económicas más valoradas. Sólo en 2019 recibieron más de 11 mil pesos.
El FONAC fue creado mediante decreto por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Se integra con aportaciones gubernamentales, de los trabajadores y de los sindicatos y los intereses que genera en el transcurso del año. Se calcula que entre 1.8 y 2 millones de empleados públicos son beneficiarios, una cifra bastante importante.
En el artículo 5o del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 2 de abril, se establece que quedarán excluidos, entre otros, los fideicomisos con obligaciones laborales o de pensiones, y el artículo 3o reserva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -en consulta con la de la Función Pública- resolver a petición del ejecutor del gasto, en un plazo no mayor a diez días hábiles e incluso en caso de no respuesta “se entenderá como no autorizada”.
Lo anterior significa que todas y cada una de las dependencias del gobierno federal -incluido el Gobierno de la Ciudad de México- deberán tramitar la excepción de aplicación del decreto de extinción del FONAC.
La excepción es procedente por tratarse de un fondo de obligaciones laborales, independientemente que implica reformas legales, el cual si bien es cierto se integra con recursos presupuestales del gobierno federal, al incorporarse al FONAC se convierten en dinero privado al pasar a ser propiedad de los trabajadores.
Ahora bien, algunos sindicatos lo han incorporado a sus contratos colectivos o bien condiciones laborales -son los casos, por ejemplo, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional del Deporte-.
El artículo 77 fracción XXVII de las condiciones laborales de la CDMX, señala que entre las obligaciones de la jefa de gobierno, se encuentran las aportaciones al FONAC de acuerdo con el lineamiento. Y entre los derechos de los trabajadores, está percibir los emolumentos que le corresponden, de acuerdo con la fracción I del artículo 81.
Al ser una prestación económica debidamente pactada, el lunes 5 de abril, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, presidente del SUTGCDMX -legalmente lo es al haber impugnado mediante juicios de amparo resoluciones en contra del tribunal de conciliación- le solicitó a la doctora Claudia Sheinbaum que tramitara ante la Secretaría de Hacienda la declaratoria de excepción para el caso del FONAC de los trabajadores de la ciudad.
En su planteamiento, el presidente del SUTGCDMX le hace notar a la jefa de gobierno que las condiciones generales de trabajo -equivalentes al contrato colectivo- no pueden ser terminadas o modificadas por el decreto presidencial que extingue los fideicomisos.
En el supuesto que la respuesta fuese negativa a esa petición -o se aplicara la negativa ficta-, el SUTGCDMX podría demandar su pago ante el tribunal de conciliación al gobierno de la ciudad. Es el mismo caso de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria, mientras que el sindicato de CONADE que encabeza Santiago León podría emplazar a huelga por violaciones al contrato colectivo.
Alonso Ortiz al haber ganado las elecciones sindicales de 9 de enero pasado, es el representante legal del Sindicato del Gobierno de la Ciudad, debido a que una toma de nota otorgada ilegalmente por el tribunal de conciliación se encuentra impugnada por la vía del amparo. Es decir, se encuentra sub judice.
El torpe manejo del director de Administración de Personal del GCDMX, Sergio Antonio Lopez Montecino y del presidente del tribunal de conciliación, Plácido Humberto Morales Vázquez, metieron a la jefa de gobierno en un callejón sin salida: no atender el planteamiento del presidente del SUTGCDMX de tramitar la excepción del decreto presidencial del FONAC de los trabajadores de la ciudad, podría generar condiciones para una demanda laboral por el pago de esa prestación, o de atenderla implicaría reconocer el liderazgo de Alonso.
Alonso Ortiz, con un manifiesto a los trabajadores explicándoles las causas por las que legalmente no debe desaparecer esa prestación, y el procedimiento a seguir para obtener la declaratoria de excepción del decreto presidencial y la solicitud formal a la jefa de gobierno, se hizo de una bandera de grandes réditos laborales y políticos.
PARA LA AGENDA
En el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, Elizamara Leslie Aguilar Ayala -coordinadora administrativa-, Francisca Dámaso Barrón López -coordinadora de enfermería-, Fabiola May García -del área de abasto- y María Luisa González Lucio -jefa del área de nutrición-, están convertidas en un “cuarteto diabólico” en contra de médicos, enfermeras, camilleros, nutriólogos, radiólogos, dietistas y personal administrativo. Con decisiones absurdas y arbitrarias los ponen en peligro en la crisis que por el coronavirus enfrentamos. Resulta que la jefa del área de nutrición -espías del coordinador del Servicio Auxiliar de Diagnóstico, doctor Aldo Frabrizio Santini-, se oponía a que el personal de 60 años y más dejara de laborar, pese a ser disposición del gobierno federal, con el argumento que no tienen contacto con enfermos de Covid-19. Olvida esa profesionista -en realidad carece de licenciatura- que, al entregar la charola con comida, corren el riesgo de infectarse. Eso sí, la jefa del área de nutrición de uno de los hospitales emblema del ISSSTE, es señalada de llevarse comida -junto con su cómplice Guadalupe Durán- a su casa, lo que debiera ser investigado y, de ser cierto, aplicar sanciones administrativas y denuncias penales. La señora María Luisa González Lucio decidió suspender a partir del 2 de abril las comidas sábados, domingos y días festivos, así como la colación nocturna. Mientras el director, doctor Valentín Herrera Alarcón, mira para otro lado… También en el ISSSTE, pero en Tamaulipas, la sustitución del subdelegado médico, Martín Tofic Salud por Ernesto Lavin Fernández, ha sido aprovechada por el director del Hospital de Tampico, Fernando Salazar Herrera, obliga a todo el personal sin distinción -incluidos mayores de 60 años y más de edad- sin equipo porque lo tiene guardado quizá para mejor ocasión. La situación alcanza tal gravedad en ese nosocomio, que son obligados a laborar, pese a las medidas de protección, a trabajadores diabéticos exponiéndolos a consecuencias graves de resultar afectados… Mientras, Luis Antonio Ramírez Pineda está más interesado en su campaña por amarrar la candidatura a gobernador de su natal Oaxaca… Por cierto, López Montecino y su jefa Berta Gómez, subsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas, mantienen un irreconciliable abismo con la secretaría general de gobierno, Rosa Icela Rodríguez y su segundo de a bordo, Arturo Medina…
