Al 30 de marzo, se habían confirmado en México 1,094 casos y 28 defunciones de Covid-19. El sábado pasado, el gobierno hizo por primera vez un llamado urgente al confinamiento generalizado. El lunes 30 se anunció una emergencia sanitaria.
El gobierno estima que después del 18 de abril se dará el pico de infecciones. Las autoridades calculan que más de 250 mil personas podrían contagiarse y de ellas 10,528 requerirían terapia intensiva. Si las medidas de contención son efectivas, la tasa de contagio se podría estabilizar en un periodo entre 8-12 semanas.
El impacto político y social de la pandemia puede ser muy pronunciado. Una vez que la epidemia haya cedido, empezarán a surgir los costos estructurales a la economía, que pueden significar cientos de miles de desempleados, empresas quebradas, recesión económica y una pérdida incalculable de riqueza.
Con ella vendrán los costos políticos para la aprobación del gobierno, un debilitamiento de la gobernabilidad y de la capacidad de conducción del gobierno en un entorno de mayor polarización.
La pandemia del coronavirus y el desplome en los precios del petróleo serán un severo golpe para una economía mexicana que ya estaba vulnerable luego de un año de estancamiento. El rango de la contracción para 2020 varía entre -2% y -7% y existe un elevado nivel de incertidumbre respecto a la velocidad de la recuperación.
Para sortear la crítica situación de la economía se requerirían decisiones para mitigar la caída de la actividad económica y, luego, para alentar una rápida recuperación. El principal obstáculo es político: la mayor parte de las medidas que se requieren chocan con la visión política del presidente López Obrador.
• El presidente cree que apoyar fiscalmente a las empresas es apoyar a los ricos.
• El presidente cree que apoyos a las empresas se traducirían en otro Fobaproa como el de los años 90.
• El presidente cree que en el pasado los pobres pagaron la factura de las crisis y por ello niega apoyos a la planta productiva.
• El presidente cree que Pemex podrá salir adelante, sin replantear el Plan de Negocios de la empresa.
• El presidente cree que la refinación es necesaria para la autosuficiencia energética por lo que no cancelará la refinería (un proyecto más inviable hoy que hace un mes).
• El presidente cree que el endeudamiento siempre es malo y por tanto es reacio a flexibilizar su visión del déficit.
• Finalmente, el presidente cree que la recesión será breve y, por tanto, no ve necesario llevar a cabo medidas extraordinarias.
A medida que la crisis avance, un polo pondrá en duda de manera sistemática las cifras oficiales de contagios y muertes, mientras que el otro insistirá en que la crisis se ha manejado de manera ejemplar. El presidente mantendrá su estilo retórico: culpará a sus adversarios de magnificar la crisis y, eventualmente, achacará a los empresarios su falta de compromiso social por no invertir en México.
Si bien las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias se han dado dentro del marco jurídico, en algunos aspectos carecen de certeza y terminan por responsabilizar —quizá excesivamente— al sector privado. La declaratoria de “emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor” no es lo suficientemente clara en cuanto a lo que supondrá en materia laboral (específicamente respecto al pago de salarios), lo cual ha generado ya críticas y cuestionamientos.
Se pretende restringir la movilidad sin afectar los salarios de los trabajadores del sector formal y, quizá por ello, se evitó decretar la “contingencia sanitaria” que hubiera permitido pago de salario mínimo a los trabajadores (como solicitan algunos empresarios).
Este asunto será el de mayor controversia, pues mientras el gobierno exige “compromiso social”, no está dando ningún apoyo a la planta productiva (particularmente a MiPymes). Asimismo, no queda claro que pasaría si la emergencia se prolongara más allá del 30 de abril.
Está por verse si al declararse la “fase 3” de la contingencia o si de agravarse la crisis, el gobierno federal pasa de las recomendaciones a medidas de carácter más severo y obligatorio; el control por el poder público de recursos del sector privado, y el de “centralización” de las competencias y de la toma de decisiones.
