La Presidencia de República y el apoderado de Nación Financiera (Nafin), impugnaron la suspensión provisional que el juzgado primero de distrito en Campeche le otorgó a comunidades indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y chol, contra la ejecución del proyecto de Tren Maya, que implica detener la construcción hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
Asimismo el expediente señala que las autoridades federales ya rindieron sus informes y pruebas documentales que se tomarán en cuenta al momento de que el impartido de justicia lleve a cabo la próxima audiencia.
“Agréguese a los autos de oficios suscritos por el consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y apoderado de Nacional Financiera, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en representación de su director, ambos residentes en la Ciudad de México, con lo que interponen recurso de queja, contra el acuerdo del 14 de enero del año en curso”.
El caso se turnó al tribunal colegiado del trigésimo primer circuito, quien resolverá si confirma, modifica o revoca la resolución para que continúen las obras del Tren Maya, uno de las principales obras anunciadas de actual gobierno federal.
El 10 de enero Fonatur emitió las prebases para licitar dos tramos de la ruta del tren que incluyen proyectos ejecutivos, suministro de materiales y construcción de plataformas y vías. Una semana antes convocó a un taller dirigido a empresas interesadas en la licitación y lanzó dos nuevas prebases para sendos tramos del proyecto. El taller convocó a casi 90 empresas constructoras.
Sin embargo el 6 de enero, la organización Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) presentó la solicitud de amparo. En su momento argumentó que reclamaba la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como la “ilegal consulta y aprobación” del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se llevó a cabo en flagrante violación a sus derechos humanos a que se garantice una consulta previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Asimismo aseveraron que la consulta de diciembre se realizó sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte la juez Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Campeche, concedió a las comunidades la demanda de garantías. En su fallo, acordó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, con el fin de que las autoridades responsables, con independencia del resultado de la consulta realizada en relación con el denominado Tren Maya, se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta resolverse la suspensión definitiva.
