Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que no se puede permitir como país, como sociedad, como un Estado que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción del Estado Social de Derecho», mantener una política de outsourcing ilegal, tolerada desde las autoridades, por lo que señaló que «la fiesta se acabó».
«Combatir que no existan operaciones de lavado de dinero y cualquiera de sus delitos predicados, incluyendo los temas vinculados con corrupción, al que se asocia a las empresas fechada, incluyendo los temas de defraudación fiscal que se asocian a las empresas que facturan operaciones simuladas y que se vinculan en ambos supuestos a casos también de outsourcing ilegal», dijo.
Hoy, añadió, tenemos que partir de un diagnóstico claro de cuál es la problemática. Ya el maestro Zoé Robledo –director general del IMSS- ha planteado la pérdida de los 21 mil millones de pesos anuales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Al participar en el parlamento abierto en materia de subcontratación que se realiza en el Senado de la República, el titular de la UIF recordó que el SAT ha planteado la pérdida de 324 mil millones anuales por defraudación de naturaleza fiscal, a partir de las factureras; y todos recordamos la problemática vinculada con la relación entre el outsourcing ilegal y otros fenómenos delictivos que vinculan empresas fachada, factureras, entre otros.
Nieto Castillo dijo que en realidad, la práctica del outsourcing ilegal no es una práctica químicamente pura, es una práctica que se desarrolla con vinculación a otros fenómenos, como puede ser la generación de empresas fachada, como pueden ser las empresas que facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas, es decir, todo el problema de la facturación falsa.
Plantear la necesidad de generar una política nacional que tenga como medida central la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, propuso el funcionario.
Al respecto, dijo que la primera pregunta que tendríamos que responder es, si nos jactamos de ser un Estado garantista, es de qué forma estamos protegiendo los derechos de naturaleza social.
Explicó que hay avance importante en la protección de los derechos de primera generación. Sin embargo, se debe dar una vuelta en la construcción de los derechos de segunda, de tercera generación y eso parte por el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. «De hecho, el enfoque de un gobierno de izquierda debe estar particularmente enmarcado en la protección de este tipo de derechos».
