Los cuatro fiscales que llevaban el caso judicial contra el estratega estadounidense Roger Stone tramitaron este martes su renuncia, después de que el presidente Donald Trump criticara la pena que habían pedido para su exasesor y de que el Departamento de Justicia recomendara rebajarla.
Uno de los fiscales, Jonathan Kravis, escribió en un documento presentado ante la corte que había dimitido como fiscal adjunto de EE.UU. y planeaba dejar el Gobierno, mientras que los otros tres implicados en el caso pidieron permiso a un juez para retirarse del proceso contra Stone, declarado culpable de siete cargos en 2019.
Los fiscales no aclararon por qué querían abandonar el caso, pero su renuncia llegó unas horas después de que el presidente calificara de “horrible y muy injusto” el plan que tenían de pedir entre siete y nueve años de cárcel para Stone, que fue un estrecho colaborador de Trump al inicio de su campaña electoral en 2015.
“Los crímenes reales se cometieron en el otro lado, y a ellos no les pasa nada. ¡No podemos permitir este error en la justicia!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter este martes.
Unas horas después, el Departamento de Justicia actualizó su recomendación de sentencia para Stone, y aunque no precisó una cifra exacta de meses o años de cárcel, sí afirmó que la pena solicitada anteriormente “podría considerarse excesiva y no ajustada a las circunstancias”.
“El Gobierno deja en manos de la corte la sentencia específica que es adecuada en base a los hechos y circunstancias de este caso”, indicaron dos fiscales federales, Timothy Shea y John Crabb, en un documento judicial al que accedió el diario The Washington Post.
El Departamento de Justicia afirmó a varios medios que la decisión de cambiar su recomendación se tomó el lunes por la tarde, horas antes de que Trump emitiera su tuit, porque a muchos en esa rama del gobierno les “chocó” la petición de siete a nueve años que habían hecho los fiscales del caso.
“El Departamento consideró que esa recomendación era extrema y excesiva, gravemente desproporcionada en relación a los delitos cometidos por Stone”, afirmó a los periodistas una fuente del Departamento, que pidió el anonimato.
Sin embargo, el episodio generó nuevas acusaciones de que el Departamento de Justicia, que supuestamente debe actuar con independencia de los vaivenes partidistas en la Casa Blanca, está cediendo a las presiones de Trump y se está politizando.
La pena máxima para Stone por los siete cargos de los que le declaró culpable un juez en noviembre es de 50 años en prisión, aunque se esperaba ya desde entonces que la sentencia fuera mucho más leve porque el acusado no tiene antecedentes penales.
La defensa de Stone ha pedido entre 15 y 21 meses de prisión para su cliente, cuya sentencia está prevista para el próximo 20 de febrero y al que se imputan, entre otros, los delitos de mentir al Congreso y obstruir un testimonio.
Su juicio giró en torno al alegato de la fiscalía de que Stone se comunicó con WikiLeaks durante el ciberataque atribuido a piratas rusos a un servidor del Partido Demócrata en 2016, tras el cual la plataforma liderada por Julian Assange difundió correos electrónicos perjudiciales para la rival electoral de Trump, Hillary Clinton.