Cuatro años de caída de ventas el sector automotriz dieron como resultado la pérdida de 5 mil empleos formales, informó Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Durante este enero, el sector acumuló 32 meses de reducción en ventas, mientras avanza la presencia de vehículos usados que entran del extranjero. Al grado de que el año pasado incrementaron su presencia 5.7 por ciento en el país.
En este contexto, la AMDA y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en voz de su director general, Fausto Cuevas Mesa, recalcaron la necesidad de crear un programa de apoyo al sector, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre las medidas se pide promover una iniciativa de ley para que sea más sencilla la recuperación de prendas sujetas a financiamiento. Con dicha garantía, aseguró Rosales, se fomenta que las empresas puedan otorgar más créditos para impulsar el mercado interno interno.
También se busca que a través del gobierno federal se faciliten créditos a pequeñas y medianas empresas para cambiar sus flota. Y el otro punto en el que ha sido más enfática la industria es el de prohibir la entrada de vehículos usados al país.
Rosales denunció que bajo el impulso del gobernador Jaime Bonilla, en el Congreso de Baja California hay una iniciativa que promueve la flexibilidad para que se regularicen los vehículos que son desecho de Estados Unidos. En ese sentido, el dirigente automotriz reiteró el exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tenga una postura clara al respecto.
El dirigente abundó en que si bien el presidente no ha apoyado abiertamente iniciativas como ésta, tampoco ha dicho que no se implementarán y eso mantiene en incertidumbre a la industria.
En otro frente, los dirigentes automotrices recalcaron su rechazo a las medidas de verificación impuestas por la administración de la Ciudad de México. Reprocharon que el nuevo esquema sólo tiene fines recaudatorios y no de protección al ambiente.
Cuevas Mesa sostuvo que el programa de verificación por el que ahora apostó el gobierno de Claudia Sheinabum implica de 300 a 350 millones más para las arcas de la Ciudad de México cada seis meses.
