Por Nidia Marin
Los yerros de autoridades y usuarios del sector salud público o privado son inconmensurables en México y todo indica que no hay nadie que ponga orden.
Más allá de la problemática de escasez de medicamentos (estructurada por la ineficiencia del propio gobierno), mientras se cierne sobre el país la grave amenaza del coronoavirus por lo que millones de mexicanos se preguntan si también ocultarán los casos que se estén presentando y continuará la avaricia para la adquisición de medicamentos para esta latente epidemia, los mexicanos debemos revisar nuestra actuación en materia de salud.
Ante todo, con referencia a la medicina privada es necesario que las autoridades y legisladores frenen la escalada en materia de diagnósticos exagerados. Hoy es terrorífico pensar en acudir a un especialista de lo que fuere, porque de inmediato advierte que tendrá que operar, aunque el problema pudiera solucionarse de otra manera. Los costos de la operación son estratosféricos, mientras las aseguradoras tampoco son metidas en cintura y las hay que no obstante la cotización de millones de pesos por el seguro de gastos médicos pagados durante 15 ó 20 años dejan a las familias en la miseria y a buena parte de éstas en la enfermedad.
Y surge la pregunta: ¿Dónde quedaron los médicos humanistas? Ya no existen ni en el sector público y mucho menos en el privado. Como plantea el doctor José Ceriani Cernadas, de IntraMed, “el crecimiento exponencial del mercantilismo asociado a la apabullante tecnología que se renueva sin pausa y es mal utilizada, resultan a mi criterio, los aspectos más notoriamente perjudiciales que nos han llevado a la pérdida de la ética y el humanismo”.
Por otra parte, está la medicina que proporciona la seguridad social, además de que ahora cobran en las instituciones creadas y sostenidas para beneficio de los trabajadores, hemos de señalar que será necesario restructurar las formas existentes para que los enfermos accedan a los centros de salud.
Lo decimos porque se han dado casos (los conocemos y resguardaremos los datos), de que una sola familia, por ejemplo, utilizó los servicios del ISSSTE durante más de seis meses. Primero se agravó el papá, enfermo de cáncer, tras estar internado casi un mes, murió. Después, hubieron de operar de la vesícula a uno de los afiliados a la institución y ocupó una cama durante más de una semana.
Posteriormente, una mujer cotizante también, esposa de un miembro de dicha familia, hubo de ser operada de la matriz y a las tres semanas regresar a otra intervención quirúrgica porque le dejaron una gasa adentro y sobrevino una infección.
Enseguida, el esposo de ella fue internado porque se le paralizó el intestino. También ocupa constantemente un lugar en el sanatorio porque debido a su grave problema de obesidad es diabético y periódicamente está siendo atendido.
El remate fue la muerte, por infarto, no alcanzó a ser llevada al sanatorio, de la mamá y suegra, respectivamente, de estos cotizantes del ISSSTE.
La historia es real. Sucedió en la Ciudad de México. Una sola familia abarcó una gran parte de los servicios a los que, desde luego, tenía todo el derecho.
El problema es ¿qué hacer?
Por advertencias no paramos. En 2016 en la publicación “La reforma de la seguridad social en México frente a los desequilibrios del mercado de trabajo”, investigación realizada por Jesús Waldo Martínez Soria y Gabriela Cabestany Ruíz, precisaba:
“El sistema de seguridad social actual en México presenta anomalías importantes relacionadas con la fragmentación, desarticulación y deficiencias en la coordinación institucional, la duplicidad de programas públicos y de beneficiarios, la pérdida en el aprovechamiento de economías de escala como resultado de la desintegración del sistema, la cobertura condicionada por el estatus laboral y la persistencia de grupos de población sin acceso, las dificultades para afianzar la sustentabilidad financiera del sistema (en particular los sistemas de pensiones), la dispersión e ineficiencia en la asignación y administración de los recursos financieros, materiales y humanos, y las diferencias en las prestaciones sociales y en la calidad de los servicios de los distintos esquemas que propician regresividad en el sistema y desigualdad económica y social del país”.
Urge mayor responsabilidad en la materia, antes de que tengamos una epidemia creada y distribuida en México.