El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que de ser aprobada por el Senado de la República, la iniciativa de reforma laboral en materia de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, el daño a la economía será devastador.
El organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín detalló que en los términos en los que está planteado el proyecto impulsado por el senador Napoléon Gómez Urrutia, se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional.
Reiteró que ha insistido en que es necesario hacer un un debate profundo y sin simulaciones sobre el tema, peus si bien meses atrás se hizo un parlamento abierto para tratar el tema laboral, la iniciativa aún no se conocía, pero aseguró que las conclusiones derivadas de ese ejercicio no fueron tomadas en cuenta.
Citó que una de ellas versaba sobre la subcontratación y advertía que regularla “debilitará el sistema productivo nacional y le restaría competitividad las empresas tanto en el mercado nacional como internacional (..) Para regular la subcontratación es fundamental analizar objetivamente las estadísticas económicas, las cifras sobre los beneficios y perjuicios de su uso”.
Reiteró que el sector privado está de acuerdo con “replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos y exhortamos a que las autoridades ejerzan las facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales. Sin embargo, esta iniciativa va mucho más allá de eso y tiene efectos contraproducentes.”
Consideró que la iniciativa probada en comisiones pone en riesgo la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por la falta de respeto al Estado de Derecho. Agregó que genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que genera. “Las empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”.
Sostuvo que es inaudito y preocupante la tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia y equiparar al sector privado con grupos de crimen organizado.
Señaló que tiene visos de inconstitucionalidad al buscar ser retroactiva, pues colocaría como grupos de delincuencia organizada a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 pese a que son legales, dijo.
Comentó que al eliminar cualquier tipo de subcontratación, elimina miles de empleos, pues miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley.
Exhortó al Congreso a establecer un diálogo real, en el que se escuchen las preocupaciones de todos los sectores productivos, pues “en un momento en el que la economía no está creciendo, todos deberíamos estar buscando formas responsables para aumentar el empleo y el bienestar de las familias, sin satanizar a las empresas, sin posiciones ideológicas ni simulaciones.”
