Designar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas es un debate de larga data en Estados Unidos en el que ha habido varias objeciones y de llevarlo a cabo podría dificultar la cooperación con México en la materia, opinó el ex embajador de la Unión Americana en México, Anthony Wayne.
En entrevista, tras presentar un informe sobre la capacitación de trabajadores en América del Norte del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, el embajador estadunidense en retiro habló sobre las declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump de catalogar a los grupos de tráfico de drogas transfronterizos en la lista de organizaciones terroristas.
«Había debate en el gobierno de Estados Unidos desde hace muchos años sobre esta opción, y en general había varias objeciones a esto”, dijo y precisó que una de los argumentos en contra giraba en torno a la existencia de una diferencia entre ambos grupos: “los terroristas tienen objetivos políticos y los criminales solo quieren hacer dinero “.
Además, si hubiese una designación de esta clase, todos los miembros o personas que cooperan con estas células delictivas serían, a su vez, consideradas como terroristas. “Son miles de personas en Estados Unidos, van a estar transformados por el punto de vista de ley como terroristas o apoyadores de terroristas. Así que cambiaría mucho la situación legal en Estados Unidos y todo esto es negativo.”
También, añadió, está el tema de la soberanía de México, “que es muy importante. Desde el punto de vista de los mexicanos -que entiendo bien- podría crear una situación en la cual las cooperaciones sean más difíciles de lo que son ahora”. Po ello, el gobierno de Estados Unidos debe examinar todos los pros y contras de esta opción.
Desde su punto de vista, un mejor camino es que Estados Unidos y México trabajen para identificar una nueva estrategia y plan de acción bilateral. “Es claro que las prioridades de los dos gobiernos no son el mismo, pero hay mucha arena en común”, explicó. Asimismo recomendó que la cooperación debe evolucionar y no emplear la Iniciativa Mérida u otros planes existentes en administraciones pasadas.
