La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad que implican las declaraciones del presidente Donald Trump sobre categorizar a los cárteles mexicanos como terroristas, pues atentan contra las relaciones de cooperación y amistad entre ambos países.
Asimismo, la CNDH explicó que los dichos generan estigmatizaciones, discriminación, y segregación de personas y grupos, propiciando xenofobia, rechazo y discursos de odio contra personas.
Además afecta los derechos de las personas en razón de su nacionalidad, lo que puede traducirse en persecución, condena a priori y actos de difícil o imposible reparación, además de que se incumplen acuerdos y tratados bilaterales e internacionales.
Ante las declaraciones de diversos actores políticos y sociales respecto del terrorismo, la CNDH señala que la lucha contra ese flagelo es un asunto de cooperación internacional que debe basarse en acuerdos bilaterales e internacionales y en el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y no puede ni debe vincularse con alguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico.
En este sentido, refiere que todas las medidas para luchar contra el terrorismo deben ajustarse estrictamente al derecho internacional, incluidas las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario. Las medidas unilaterales de un Estado contravienen los esquemas de cooperación internacional necesarios para erradicar ese flagelo.
«Las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales que ocurren en el contexto de lucha contra el terrorismo, así como las violaciones de derecho internacionales de los refugiados y del derecho internacional humanitario pueden ser causadas por interpretaciones alejadas de las nociones internacionalmente aceptadas sobre el terrorismo», indicó.
El organismo nacional recuerda que, las acciones unilaterales de lucha contra ese fenómeno también pueden ser muy perjudiciales, pues conllevan amenazas a la dignidad de las personas y tienen efectos negativos sobre el establecimiento del imperio de la ley, socavan la sociedad pluralista y atentan contra la gobernabilidad democrática de otros Estados.
Enfatiza que desconocer los acuerdos y tratados internacionales sobre terrorismo tiene consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los Estados, pone en peligro las relaciones amistosas entre éstos y tiene efectos negativos sobre las relaciones de cooperación entre los Estados, incluida la destinada para el desarrollo. Además, amenaza la integridad territorial y la seguridad los Estados, constituye una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Hace hincapié en que la ONU ha definido al terrorismo como «cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».
De ahí que exhorte continuamente a los Estados miembros, las organizaciones internacionales, regionales y sub regionales a intensificar y privilegiar el intercambio de información, la coordinación y cooperación, el promover la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en la lucha contra ese flagelo.
