Al manifestar su preocupación por la falta de legalidad y legitimidad al nombrar a la nueva titular de la CNDH por el Senado de la República, 28 Comités de Participación Ciudadana, incluido el nacional que encabeza, José Octavio López Presa, denunciaron que Rosario Piedra Ibarra asumió en la ilegalidad el cargo al haber sido consejera nacional de Morena un año previo a su designación.
Por ello, exigieron a los Poderes del Estado Mexicano llevar a cabo nombramientos en donde se funde y motive la idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y transparente.
“Es nuestro deber como integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) promover el cumplimiento del orden constitucional y legal en todo el país, y vigilar y velar porque las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción fortalezcan su independencia, imparcialidad y profesionalismo”, manifestaron los titulares de los CPC locales en una misiva dirigida a la ciudadanía y a la Cámara de Senadores.
En este sentido, apuntaron que los señalamientos se deben de regir bajo estos supuestos para todos los puestos de las distintas instituciones, tanto las que pertenecen al SNA en todo el país como otras, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Órganos Constitucionales Autónomos que son pilares del Estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que su principal aporte a estos organismos es el prestigio de sus integrantes, su idoneidad técnica y la independencia en su actuar, inicialmente fundamentada en la pulcritud con la que deben llevarse a cabo sus procesos de selección.
En la carta los CPC afirman que durante décadas se ha tratado de construir un país justo y un Estado con equilibrios que permitan a los ciudadanos contar con instituciones independientes que defiendan los derechos individuales; por lo que aseguran la lucha en contra de la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos.
Así mismo, señalan que el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para garantizarlos, así como para lograr el acceso efectivo a la justicia imparcial e independiente.
“A mayor corrupción, menos derechos civiles que suponen el empoderamiento de las personas”, dvierten.
