Mientras en las calles de Barcelona y de las principales ciudades catalanas los servicios de limpieza intentaban quitar lo antes posible los restos de los contenedores, coches, semáforos y hasta señales de tráfico quemadas por los duros enfrentamientos de la noche de ayer, en el Parlamento catalán se inició un debate monográfico sobre la situación política resultante de la sentencia del Tribunal Supremo español.
La condena a nueve líderes separatistas a penas de hasta 13 años de cárcel ha provocado un movimiento ciudadano masiva, que en ocasiones se está tornando violento y que presiona para que las autoridades catalanas cumplan su palabra y desobedezcan definitivamente la legislación española y decreten el nacimiento de una nueva República.
En un contexto de máxima tensión, tanto política como social, el presidente de la Generalitat, Quim Torra -designado como su sucesor por el propio ex presidente Carles Puigdemont después de refugiarse en Bélgica hace dos años- compareció ante la Cámara con gesto de preocupación.
La situación al interior del bloque independentista es de enfrentamiento, próximo a la ruptura. Las tres sensibilidades que habitan en el independentismo quieren lo mismo, pero por vías distintas y sobre todo con otros tiempos.
El oficialismo que representa Torra y que a su vez es el heredero del nacionalismo conservador fundado por Jordi Pujol puja por llevar a cabo un nuevo gesto de desobediencia, quizá un nuevo referendo y una nueva aprobación de leyes que signifiquen el nacimiento de una nueva legalidad. Algo parecido a lo que ocurrió en octubre del 2017.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo líder se encuentra en prisión por su actuación como vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, creen en una vía más conciliadora con el Estado español para alcanzar finalmente un acuerdo que permita una consulta ciudadana pactada.
Y, finalmente, los anticapitalistas de la Candidatura de Unitat Popular (CUP) reclaman la desobediencia civil e institucional y la ruptura total e inmediata con el Estado español. Lo mismo que le reclaman desde la calle centenares de miles de jóvenes independentistas a sus políticos.
Torra explicó en la tribuna del Parlaemnto que después de la sentencia del Tribunal Supremo, Cataluña ejercerá “más que nunca el derecho a la autodeterminación” y advirtió que él defenderá que “al final de esta legislatura se vuelva a ejercer el derecho de autodeterminación. Y si para poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, se deberá volver a poner urnas para la autodeterminación. Así que lo volveremos a hacer”, añadió.
Torra también volvió a condenar los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en distintos puntos de Cataluña, como la quema de más de 500 contenedores de basura, coches, motos, semáforos, señales de tráfico y la destrucción del mobiliario urbano de los Ayuntamientos. Y repitió que, según él, una parte de estos hechos violentos se han llevado a cabo por grupos “infiltrados”, un extremo para el que tampoco aportó más pruebas que sus meras “sospechas”.
El saldo final de los altercados de la noche y la madrugada de ayer fue de 96 personas heridas, 57 de ellas en Barcelona, y la detención de 32 personas, la mayoría por altercados y atentado a la autoridad.
Mientras continuaba el debate en el Parlamento, en el que la oposición exigió la dimisión inmediata de Torra por su “pésima gestión de la crisis”, miles de jóvenes iniciaron una nueva manifestación por las calles de Barcelona, que de nuevo sufre cortes de tráfico por todo el centro y que, si se repiten las experiencias de los últimos días, podrían volver a derivar en enfrentamientos con la policía.
