La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, dio a conocer nueve Recomendaciones por actos de tortura cometidos en contra de 176 víctimas directas, de las cuales cinco por ciento son adolescentes.
En la presentación de las Recomendaciones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 2019 denunció que una falla estructural del Estado y un pacto de impunidad ha provocado que haya “muy pocos detenidos y sean investigados administrativa o penalmente”.
Se trata de un proceso que está “arraigado no sólo en la ciudad, sino en el país, y mientras siga habiendo impunidad, seguirá existiendo, por lo cual se requiere que se castigue para evitar se repita”, afirmó.
Recomendó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisar o modificar el Acuerdo 13/2014 relacionado con el protocolo de actuación en manifestaciones, para evitar actos de tortura, así como tratos o penas crueles, o degradantes en contra de adolescentes en su detención.
Las prácticas en que incurrieron el Sistema Penitenciario, la Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Salud y Seguridad Ciudadana, señaló, afectaron a70 víctimas indirectas, por esta práctica que lacera la dignidad humana.
“No se documentan hechos aislados de tortura, sino que en su conjunto, evidencian una falla estructural del Estado”, registrándose 80 por ciento de los hechos que motivaron las quejas entre 2012 y 2018, es decir 130 casos, indicó.
El segundo visitador general, Iván García, explicó que documentó cinco Recomendaciones: 10/2019 por Tortura en Centros de Reclusión; y la 11/2019 relacionada con Tortura contra jóvenes activistas privados de libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Además de la 12/2019 por Tortura y discapacidad psicosocial en Centros Penitenciarios; la 13/2019 vinculada con Tortura en Centros Varoniles; y la 14/2019 por Muerte por tortura de personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios capitalinos.
Mientras, el cuarto visitador general, Juan Carlos Arjona, señaló que su área emitidó cuatro Recomendaciones, la 15/2019 por Falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual; y la 16/2019 por el uso de tortura psicológica como herramienta de investigación.
Asimismo, la 17/2019 por actos de tortura y malos tratos en contra de adolescentes y jóvenes; y 18/2019 sobre el uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto, detalló.
Las primeras cuatro Recomendaciones fueron dirigidos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario; la 14 a dicha Subsecretaría y la Secretaría de Salud; y la 15, 16, 17 y 18 a la SSC y PGJ, precisaron.
La Ombudsperson capitalina afirmó que el impacto que tiene la tortura en la vida de una persona la convierte en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, orientada a consumir su dignidad.
Consideró imprescindible denunciar la relación entre tortura y corrupción desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la de obtener una declaración auto-incriminatoria; y la corrupción, en su modalidad de impunidad.
Mientras, las instituciones no internalicen y dispongan de un sistema de “cero tolerancia” a la tortura y lo den a conocer públicamente, reconozcan este problema estructural y reparen el daño, los casos seguirán siendo generalizados.
Así que, todas las autoridades responsables deberán realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y manifestar un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, señalando acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la SSC, por su parte, elaborarán y remitirán al Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura un informe sobre tortura en centros de reclusión, como se específica en la recomendación 10/2019.
Por su parte, la Procuraduría capitalina, en su tránsito a Fiscalía, deberá integrar un Mecanismo Local de Prevención y Seguimiento a la Tortura que realice, al menos, las funciones establecidas en las Recomendaciones, puntualizó.
