Por Miguel Tirado Rasso
Muy a su estilo, el presidente Donald Trump estalló vía twitter con un “¡ACOSO PRESIDENCIAL!”, en reacción al anuncio de la líder demócrata de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, sobre el inicio de una investigación formal de juicio político, como primer paso para su destitución. “El presidente debe rendir cuentas; nadie está por encima de la ley”, habría declarado la presidenta de la Cámara baja al señalar que Trump traicionó su juramento y la seguridad de la Nación al tratar de buscar ayuda de un gobierno extranjero para su campaña de reelección.
Y es que, sin que hayan quedado aclaradas, del todo, las dudas sobre una acusación similar de interferencia extranjera en el proceso electoral de 2016, el magnate inmobiliario no escarmienta e insiste en jugadas riesgosas con tal de eliminar competidores, ahora, en la carrera para su reelección.
Recordamos que, apenas en marzo pasado, el fiscal especial encargado de la investigación del Rusiagate, Robert Mueller, entregó el informe confidencial con sus conclusiones sobre la supuesta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales y su interlocución con la campaña de Trump. El informe, si bien, concluye que no hay pruebas contra el presidente o su equipo, tampoco lo exonera, aunque si lo libera del riesgo de un juicio político.
Esta vez, sin embargo, las cosas son diferentes. El pasado 25 de julio, Trump sostuvo una conversación telefónica con Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, en la que, según la denuncia de un informante confidencial de la CIA con base en la Casa Blanca, Trump le pidió a su homólogo, como favor político, investigar al ex vicepresidente Joe Biden, principal contrincante demócrata en los comicios de 2020.
“El presidente está usando el poder de su cargo para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección estadounidense de 2020,” escribió el denunciante. Casualmente, esta llamada se produjo poco después que los EUA habían retenido casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania, lo que da lugar a suponer una presión efectiva para asegurar una buena respuesta al favor solicitado.
Según el agente denunciante, la Casa Blanca habría reservado el contenido de la conversación para mantenerla en secreto, bloqueando todos los archivos relacionados con la llamada, eliminando su contenido de unas computadoras donde regularmente se guardan las conversaciones de Trump con otros líderes, además de archivarlo como información clasificada y sensible. “Entendieron la gravedad de lo que había sucedido en la llamada,” escribiría el agente.
Todas esas medidas no impidieron que, a solicitud del Congreso, la Casa Blanca tuviera que difundir una transcripción de la llamada. Eso sí, negándose a proporcionar la grabación de la misma. A partir de esto, el Congreso norteamericano busca tener acceso a otras conversaciones telefónicas de su presidente con otros líderes mundiales, en particular con el presidente ruso Vladimir Putin, para determinar si hay otros casos en que también se haya puesto en riesgo la seguridad del país.
Éste no es el mejor momento para Donald Trump y, si no tienen éxito los demócratas en el juicio político, al menos pueden lograr un desgaste importante que le impida al presidente concretar su reelección. Por lo pronto, según las encuestas publicadas, cada vez son más los ciudadanos norteamericanos que están a favor del juicio político (impeachment).
En la historia política de los EUA, tres mandatarios han sido sometidos al impeachment y ninguno fue condenado. Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998) no lo fueron, por que no alcanzaron los votos para condenarlos. Richard Nixon, renunció antes de que concluyera el proceso. Con la mayoría demócrata en la Cámara baja, 235 representantes de 435 miembros, ese partido no tendrá problema en avanzar en el procedimiento que le toca que es el de la presentación de los cargos y enviar al Senado el proyecto de resolución.
Al Senado le corresponde el carácter de tribunal en el juicio, encabezado por el presidente de la Corte Suprema. Una comisión de representantes hará las veces de fiscal, la parte acusadora. Para aprobar la destitución del presidente, se requieren dos tercios de los votos. Esto es, 67 votos de los 100 senadores que integran la cámara. Los demócratas cuentan con 45 senadores, los republicanos tienen 53 y dos son independientes. Se ve difícil que los demócratas puedan conseguir los 22 votos que les hacen falta, así que su apuesta estará en armar una sólida acusación, con argumentos e investigaciones que muestren los errores, excesos y debilidades del mandatario para minar su base electoral y que llegue muy disminuido a la fecha de la elección.
Octubre 3 de 2019
