Por Jesús Michel Narváez
Una de las frases presidenciales durante el informe de Gobierno: Hay Estado de Derecho.
La realidad es otra.
Tres ejemplos: el aval para la ilegal ampliación del periodo de gobierno para Jaime Bonilla en Baja California y la suspensión “temporal” del fiscal general de Veracruz (autónomo) Jorge Winckler Ortiz por los diputados de la Comisión Permanente –en ausencia de Pleno- y con anuencia ¿o petición? del gobernador protegido por el presidente López Obrador, Cuitláhuac García.
El Presidente de México garantizó en más de una ocasión que las instituciones no serían utilizadas para venganzas políticas. García lo desoye o cuenta con su beneplácito después de la masacre de Coatzacoalcos.
No voy a defender al fiscal, a quien ni siquiera conozco pero del cual sé que fue o es el abogado personal de la familia Yunes. Sin embargo, el atropello del “poder legislativo” (autónomo) en receso, es otra muestra más de cómo se prepara el terreno para el año 2024.
Tiene razón, por lo menos jurídicamente, en señalar que es ilegal su remoción o suspensión temporal.
En un comunicado emitido por la noche, establece: “Dicha decisión es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Asimismo, viola una Suspensión Definitiva vigente, que prohíbe destituir al Fiscal General a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación. Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal.
“… hago responsable de mi integridad y la mi familia al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Dentro de su juarismo, López Obrador clama a todos los puntos cardinales incluyendo el desierto de Gobi: Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
¿Le hacen casos sus súbditos al ideario juarista?
Queda demostrado que no.
El caso de Muñoz Ledo es plausible. Hombre brillante, constitucionalista, presuntamente proclive a la legalidad, mostró que la ambición de los reflectores y el poder no pudieron más que sus convicciones.
Con su rechazo reelección cerró un poco la puerta para que el Ciudadano Presidente siga su camino como presidente aunque termine legal, jurídica y constitucionalmente su mandato para el que fue elegido.
Destruir un régimen es válido cuando arriba un gobernante con ideas diferentes, por buenas o malas que sean.
Pero destruir una democracia, no incipiente como muchos aseguran sino en camino a la solidificación, no tiene nombre.
Es el principio de lo que no queremos los mexicanos y que propició el movimiento armado de la tercera transformación.
Lo que urge. UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO con contrapesos a la autocracia.
Hay que ver la realidad y quitarse a venda de los ojos.
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