La Secretaría de la Función Pública ha resuelto 100 destituciones de funcionarios públicos y 183 sanciones económicas por 5 mil millones de pesos, informó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.
“No nos vamos a detener” en el combate a la corrupción, dijo.
Durante la firma de un convenio con la Cámara de Diputados para agilizar la presentación de declaraciones patrimoniales de los diputados, la funcionaria sostuvo que los conflictos de interés constituyen todavía un problema estructural. Señaló que no existe una ley que prevenga y castigue los conflictos de interés, aunque refirió que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado una norma en la materia.
Refirió que la confianza en la secretaría ha hecho que ciudadanos han presentado de diciembre a julio mas de 23 mil denuncias, 40 por ciento más que el año pasado.
Además explicó que se aplica un programa de protección y estímulo a funcionarios y ciudadanos alertadores de corrupción, que necesitan confidencialidad al presentar quejas sobre fraudes, ilegalidades y violaciones normativas.
Dijo que en ese mismo periodo se iniciaron mil investigaciones, se impusieron sanciones a casi 2 mil a mil 400 funcionarios, y se inhabilitó a directores, altos mandos y se ha tratado de no afectar los derechos fundamentales de los funcionarios operativos y de base.
Porfirio Muñoz Ledo (Morena), presidente de la Mesa Directiva, dijo que ordenó investigar la denuncia de la diputada Inés Parra, quien acusó a Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, del “manoseo indebido” del presupuesto para cultura y de pedir 30 por ciento de moches a beneficiarios. “Se acabaron los moches. Hay dos o tres denuncias, la última de una diputada respecto del presidente de la Comisión de Cultura, giré instrucciones muy claras que se investigue y lleguemos al final. Estamos abiertos a la denuncia y a cualquier forma de escrutinio. Quien tenga pruebas de moches, que las exhiba y corregiremos el caso”, declaró.
