Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) fundamentos de más de 618 solicitudes formales, sobre las desapariciones forzadas en México que ocurren “de manera generalizada o sistemática”, aceleraron la reacción del gobierno federal y ya envió iniciativas para atender el caso, aunque no se ha reconocido oficialmente nada de las declaraciones del organismo de la ONU con sede en Ginebra, Suiza.
De lo contrario el tema de los desaparecidos seguiría congelado y nada se habría hechos.
Sin embargo, y aunque se rechaza la desaparición forzada desde Palacio Nacional, la realidad exhibe la preocupación que genera el flagelo y más aún cuando se ha solicitado que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas lo aborde en sesión plenaria.
Ello ha forzado a la presidenta mexicana a prestar atención a las madres buscadoras, asunto que no atendió nunca su antecesor, y a enviar iniciativas al Congreso de la Unión para reformar las leyes secundarias sobre desapariciones forzadas.
Incluso, considera que el tiempo del actual periodo ordinario de la LVI legislatura, anunció el compromiso de solicitar un periodo extraordinario para que analice y apruebe en su caso la iniciativa. No quiere esperar a septiembre, cuando comience el periodo ordinario.
De suyo, la desaparición forzada comenzó en los años 70tas, cuando la temida Brigada Blanca actuaba con impunidad en contra de los “comunistas” que, desde la clandestinidad cimbraba a los gobiernos mexicanos.
Probablemente el sexenio en donde más ocurrieron haya sido el de Gustavo Díaz Ordaz sin omitir otros, aunque de manera aislada.
Hoy las desapariciones forzadas son cometidas por las organizaciones criminales que tuvieron una expansión alarmante en el pasado gobierno, cuando se les dejó actuar libremente y cobijadas, aunque se niegue, por el que fuera huésped temporal de Palacio Nacional.
De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había registrado cerca de 60 mil desapariciones durante el mandato del presidente López. Se cambió la metodología en la tipificación en el presente y para reducir el número de homicidios dolosos se creó el espacio y si bien el primer delito se redujo en décimas, el de los desaparecidos se incrementó.
Concediendo sin aceptar que las desapariciones forzadas correspondan a los criminales, no se puede ignorar que elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y en menor número de la Marina, han participado en desaparecidos y ejecuciones ilegales.
Si bien es cierto que no se han repetido o no las conocemos, ejecuciones como las del Tlatlaya, hay denuncias y algunos integrantes de las fuerzas castrenses han sido sometidos a la justicia militar.
Sin duda, el señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) fundamentos de más de 618 solicitudes formales, sobre las desapariciones forzadas en México que ocurren “de manera generalizada o sistemática”, aceleraron la reacción del gobierno federal y ya envió iniciativas para atender el caso, aunque no se ha reconocido oficialmente nada de las declaraciones del organismo de la ONU con sede en Ginebra, Suiza.
Se rechazó desde Palacio Nacional y aceleró la atención a madres buscadoras y la presentación de iniciativas sobre el tema.
De que caló, caló y fuerte.
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