*Los 9 Elementos Para Hacer de la
Democracia una Forma de Gobierno
*Un Despropósito Ocultar los Costos
de Obras Realizadas por Pemex y CFE
*AMLO Evadió las Responsabilidades en
Transparencia y Rendición de Cuentas
*Ley de Seguridad Nacional Aplicable a
las Obras Públicas, Avala la Impunidad
POR EZEQUIEL GAYTÁN
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presume que somos una de las naciones más democráticas del mundo debido a que el próximo mes de junio la ciudadanía votará y, en su caso, elegirá a jueces, magistrados y ministros del poder judicial. Lo cual no es del todo cierto, pues la señora, por un lado, confunde democracia con procesos electorales y, por el otro, ha desplegado desde su partido todo un complejo andamiaje a fin de que las personas electas a dicho Poder sean afines a Morena. De hecho, para que seamos una nación democrática hacen falta algunos ingredientes, de entre los cuales destaco: a) que la ciudadanía se comporte día a día democráticamente. Léase, que asumamos cotidianamente nuestros deberes y también nuestras obligaciones; b) que seamos respetuosos de la vida cívica y convivamos sin agresiones, ni violencia; c) que ejerzamos el Derecho a la denuncia y la cultura de la legalidad; d) que se fortalezca el pacto federal y se respete la división de poderes; e) que la ciudadanía confíe en la Administración pública y de manera particular en la policía; f) que sea un gobierno para toda la sociedad, sin preferencias para los militantes del partido en el poder; g) que las autoridades vigoricen la vida institucional alejándose de prácticas corruptas; h) que las personas servidoras públicas respeten el acceso a la transparencia y la rendición de cuentas; i) que las políticas públicas se orienten a resultados y se fomente un gobierno abierto y, j) que vivamos en el pluripartidismo tolerante, incluyente y respetuoso de los derechos humanos. En otras palabras, se trata de al menos diez condiciones básicas a fin de que la democracia sea una realidad.
Empero dichas condiciones dejan mucho que desear en el México de hoy y por lo mismo no hay confianza de la ciudadanía hacia el gobierno. Sobre todo, porque confiar en el gobierno y aprobar a la persona de Claudia Sheinbaum no son lo mismo. Puede que alguien sostenga que es lo mismo, pero sentir empatía por ella es un sentimiento, en cambio evaluar metodológicamente a un gobierno y de ahí concluir que es un buen o un mal gobierno es algo diferente. En consecuencia, me detendré en el análisis de un solo rubro de la gestión actual. Lo referente al Derecho Humano al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades y ejercicio del gobierno respecto al destino de nuestros impuestos. El artículo seis de nuestra Constitución garantiza el acceso a la información. El espíritu es que los ciudadanos podamos saber acerca del destino de nuestro dinero. Léase, en qué, cómo y cuándo se gasta. También el gobierno tiene obligación de informarnos acerca de los criterios que determinaron la decisión tomada.
CON LOS CRITERIOS DEL
ESTADO TOTALITARIO
Pero no. Ahora el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que tanto presume de demócrata, cercena ese derecho, lo acota bajo criterios propios de un Estado totalitario y bajo el manto de un partido de Estado encubre sus desatinos en el nombre de la seguridad nacional. Ahora resulta que PEMEX, CFE y las fuerzas armadas pueden definir bajo criterios unilaterales que es la seguridad nacional por encima de la Ley en la materia. En otras palabras, es cierto que toda nación debe tener límites respecto a informar a la sociedad acerca de algunas decisiones de Estado que garanticen su protección, la de la patria y de su territorio. También estoy de acuerdo con la tesis de la confidencialidad respecto a nuestra agenda de riesgos y de amenazas. Pero considerar que callar acerca del costo de las obras públicas de las tres instituciones arriba señaladas es un asunto de seguridad nacional es un despropósito de la transparencia, una contradicción en materia de rendición de cuentas y una exageración propia de un estado autocrático. Más aún, entiendo que dichas instituciones son parte de la seguridad nacional y que su misión implica apuntalar gobernabilidad y desarrollo. Consecuente y efectivamente existen temas reservados y catalogados de confidenciales. Pero de ahí a ocultar toda asignación presupuestal y su destino es arroparse en el mundo de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción.
Es común que las sociedades en el mundo tienden a pensar que la ética de la convivencia cotidiana privada es la misma que la de la nación y, en efecto, tienen mucho en común. Pero existen diferencias que no son de matices. La ética pública tiene peculiaridades que están determinadas por el interés del bien común y, por lo mismo, las decisiones en favor de las mayorías están por encima de lo particular y de las minorías. De ahí que imponer desde el gobierno, en el nombre del Estado, criterios de seguridad nacional es una seria responsabilidad.
Dicha responsabilidad y su ejercicio es una de las pautas que históricamente singularizan y definen a un estadista de un simple gobernante, ya que el criterio del estadista es la visión de Estado de largo plazo, que anteponga sus criterios incluso por encima de los intereses de su partido, que las bases jurídico-administrativas estén orientadas a resultados en favor de la sociedad y que se fortalezca la vida democrática e institucional enmarcada en la cultura de la legalidad. Recodemos la máxima de Winston Churchill “un político piensa en la próxima elección, un estadista en la próxima generación”.
Un gobierno abierto, transparente y que rinde cuentas lo hace porque se sujeta a derecho, se apega a los debidos procesos jurídicos y administrativos, decide bajo los criterios de las licitaciones públicas que exigen que los productos adquiridos se definan por su calidad, economía y entrega oportuna. Cuando un gobierno no tiene algo que esconder y realiza correctamente su trabajo logra certidumbre, legalidad y legitimidad. Es por ende un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Léase democrático.
Es cierto que en la Administración pública siempre hay márgenes de discrecionalidad. Dichos espacios se deben a que la concepción de la relación costo/beneficio es diametralmente opuesta a la del sector privado. En otras palabras, en al ámbito de lo publico existen criterios sociales tales como el impacto social. Por ejemplo, la educación pública es vista como una inversión y no como un gasto, mientras que en la administración de empresas una escuela es concebida como un negocio que reditúa plusvalía.
Dicho entendimiento de la relación costo/beneficio en el ámbito gubernamental siempre abre el riesgo de que los márgenes de discrecionalidad se ensanchen hasta lo grotesco y, por lo mismo, las licitaciones públicas quedan abolidas en la práctica y se recurre a la invitación directa en favor de un determinado proveedor. Así operó la gestión de López Obrador en más de la mitad de las adquisiciones y concesiones de obras públicas. Fue cínica la evasión de las responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas. Consecuentemente, en el sexenio pasado nació una nueva clase política y, a la vez, nació también una nueva clase empresarial que demostraron, en la práctica, estar coludidas.
EL INAI EXHIBIÓ LA
RAPIÑA DE MORENA
Peor aún, la desaparición del Instituto de Transparencia (INAI), lo sabemos, no fue por costoso, sino porque era un estorbo que hizo pública la rapiña y avorazamiento de Morena y sus compinches. Me dirán algunos que las funciones de transparencia y rendición de cuentas siguen vigentes, pues dichas responsabilidades ahora le corresponden a la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero no es lo mismo. En una institución la titular puede acusar de desacato a cualquier subordinado que se atreva a cuestionar alguna instrucción suya. Consecuentemente, el único criterio que prevalecerá será el de la titular de dicha dependencia y con eso la presidenta Sheinbaum y su mentor aseguran que toda petición ciudadana será opaca si así les conviene y se podrá responder que es un asunto de seguridad nacional. Queda claro que el partido de Estado está desplegando la existencia de un régimen totalitario.
Recordemos que la independencia de los Estados Unidos se originó cuando el rey Jorge III de Inglaterra elevó los impuestos a sus súbditos de las trece colonias. Ellos dijeron que aceptaban bajo la condición de tener representación en el Parlamento en Londres; su lema fue “no pagaremos impuestos si no tenemos representación”. Empero, el insensible e insensato monarca británico les negó el privilegio de saber acerca del destino de sus recursos y ese fue uno de los principales detonadores de la independencia del vecino país. En otras palabras, nuestros representantes en el poder legislativo son quienes definen las normas jurídicas impositivas y también el presupuesto de egresos. Por su parte, el poder Ejecutivo solo cumple con el mandato popular; así la sociedad teóricamente sabe acerca de las decisiones y destino de sus recursos. Sin embargo, hoy vivimos en México bajo el manto de un partido de Estado avalado por dos partidos satélite que deciden respecto a nuestros impuestos y en ese mayoriteo nos ocultan información, dejan de ser transparentes y ahora no ven necesidad de rendirnos cuentas. Simple, sencilla y llanamente hemos retrocedido en la vida democrática nacional.
La gestión Sheinbaum nos lleva a la opacidad al modificar las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones a fin de decidir unilateralmente y en la opacidad desde su Partido en favor de sus constructores y proveedores favoritos, ya que la nueva política controlada por su caudillo acepta dócilmente los criterios que él decide. Lo que conlleva a que en el mediano plazo habrá más opacidad, más corrupción, más impunidad, menos confianza ciudadana, menos inversión extranjera directa y menos democracia.
