El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña encabezó una edición más de las Tertulias Académicas de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF, con el tema “Derechos indígenas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”, en conjunto con Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y con la moderación de la directora de la EJE, Gabriela Ruvalcaba García.
Aguilar Ortiz comentó sobre lo que subyace a los derechos individuales y también su fin último, lo que dijo, permite conocer lo que está detrás de la consulta a los pueblos indígenas que dio origen a la reciente reforma a este respecto, de la que fue colaborador en su redacción.
En este marco, abordó los principios del artículo 2 de la CPEUM, planteó interrogantes que le surgieron sobre las normas jurídicas e hizo reflexiones acerca del derecho de autonomía de los pueblos y comunidades. Precisó que el fin último del mencionado artículo es identidad y existencia de los pueblos, lo que ya ha sido recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Consideró que en el catálogo de derechos que contiene el 2 constitucional, los relacionados a la tierra, a la identidad, a la jurisdicción, a la representación política y a la forma de organización son los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
El experto en derechos indígenas mencionó que mediante un enfoque intercultural, un análisis contextual y consideraciones de pluralismo jurídico, se estableció una relación horizontal entre comunidades y cabeceras municipales para lograr soluciones adecuadas a conflictos, lo que ha permitido que haya estabilidad.
Dejó en claro que el primer gran elemento que identifica la vida y la forma de organización, la forma de gobierno, las normas y todo lo que ocurre en la comunidad es el poder comunal, la asamblea como máxima instancia para la toma de decisiones, incluso en temas político-electorales, puesto que si se toman decisiones como favorecer el derecho individual por encima del derecho colectivo, resulta en una decisión contraria a la comunidad.
“Así como existe el principio propersona, tendría que haber un principio procomunidad; si de verdad asumimos que la comunidad y el pueblo indígena constituyen sujetos de reconocimiento constitucional. Si de verdad asumimos que la identidad, la cultura de los pueblos y la pluriculturalidad constituyen una aspiración y un principio constitucional fundamental en nuestro país, tendríamos que actuar de esa manera”, concluyó.
