La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo un llamado a todas las instituciones y órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, a trabajar de manera cohesionada, regidos por el deber y la convicción de proteger el orden constitucional electoral vigente y sin añoranzas al pasado.
Dijo que solo así garantizarán como autoridades electorales transiciones de poder ordenadas, apegadas a la Constitución y a los principios democráticos, sin comprometer la paz social que ha caracterizado al país gracias a la solidez de las instituciones. En ese sentido, hizo un exhorto a no atender llamados al debilitamiento institucional, sino responder siempre con el deber y la responsabilidad a las que les obliga el marco constitucional.
Al encabezar la sesión solemne en que se presentó el Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Toluca del TEPJF, Soto Fregoso sostuvo que es imperativo rechazar cualquier menosprecio hacia las sentencias de este órgano jurisdiccional, pues no son meras opiniones, sino decisiones que garantizan el cumplimiento de la ley y la voz que enuncia los ideales democráticos de la Constitución.
Reiteró que el cumplimiento de las sentencias del TEPJF no es opcional, sino un mandato que fortalece el Estado de derecho, y advirtió que no se ha permitido ni se permitirá la intromisión de ninguna otra instancia que, bajo el pretexto de proteger la legalidad, busque socavar las competencias del Tribunal Electoral.
Por su parte, el magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que ante cualquier reto, resistencia o contratiempo, el TEPJF cumplirá con su función de garante de la legalidad y la certeza, tras reafirmar el compromiso de esta institución con una justicia electoral más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía.
Señaló que las sentencias del TEPJF fortalecen el Estado de derecho, y destacó que las salas regionales de este órgano jurisdiccional son un baluarte de la justicia electoral mexicana porque garantizan que cada comicio se desarrolle conforme a los principios constitucionales y nutren el sistema jurídico sobre el cual se sostiene la democracia.
Fuentes Barrera agregó que la reforma judicial no es un acto unilateral ni improvisado, sino una transformación avalada por los mecanismos constitucionales que guían el futuro del país. Por ello, expresó, el Tribunal Electoral siempre será respetuoso del mandato legislativo y particularmente del que emana del poder reformador de la Constitución y las leyes.
El magistrado presidente de la Sesión Regional Toluca, Alejandro David Avante Juárez, informó que esa instancia jurisdiccional recibió, del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, un total de mil 578 controversias, de las cuales se resolvieron mil 539 asuntos, correspondientes a las entidades de la V circunscripción plurinominal, integrada por Colima, Michoacán, Estado de México y Querétaro.
El promedio de resolución se redujo de 11 a 9.8 días, y del total de asuntos ingresados y resueltos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ocupó el primer sitio, seguido por el juicio electoral, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de inconformidad y los recursos de apelación, entre otros.
En ese periodo se interpusieron 278 recursos de reconsideración ante la Sala Superior, de los cuales en 36 casos quedó firme la sentencia de esta sala por haber sido confirmada y en 234 el medio de impugnación se consideró improcedente, solo en seis casos se revocó y en dos se modificó la sentencia.
Los asuntos sobre los que versaron las controversias planteadas en el lapso objeto de este informe tuvieron que ver con la violencia política en razón de género; la irregularidad en la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía; los procedimientos sancionadores; las violaciones al derecho político-electoral de votar, ser votado y su vertiente de ejercicio del cargo; los procesos de elección de dirigentes estatales de partidos políticos, y el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en las entidades federativas que conforman la circunscripción plurinominal.
