*Declarar Terroristas a los Criminales, Preocupa a México
*La Respuesta: Ampliaremos la Demanda Contra Armadoras
*Se Filtran Versiones y Apuntan Hacia el Expresidente López
JOEL ARMENDÁRIZ
Frente a la ratificación de Washington por declarar “terroristas” a diversos cárteles, mexicanos, salvadoreños, colombianos y venezolanos, desde Palacio Nacional surge la respuesta: si los declaran terroristas, ampliaremos la demanda contra las armadoras (sic) y distribuidoras de armas, porque hasta el Departamento de Seguridad Interior ha reconocido que el contrabando de armas hacia México proviene mayormente de Estados Unidos.
Confundir la magnesia con la gimnasia nunca ha dado buenos resultados. La primera produce evacuaciones continuas. La segunda hace brillar a hombres y mujeres por sus estéticas rutinas.
La respuesta de la presidenta mexicana al anuncio de que mañana miércoles 19 de febrero será firmada la orden ejecutiva para declarar terroristas a los integrantes de los cárteles criminales, pareciera una actitud defensora de quienes han pintado el territorio nacional con la sangre de miles de ejecutados, además de otros tantos desaparecidos y la producción y exportación de drogas letales como el fentanilo.
Desde el inicio del pasado gobierno y a lo largo de los cinco años y diez meses, fue una repetición de señalamientos: hay connivencia entre el poder público -federal, estatal y municipal- con los criminales. Incluso se difundió un poster en el que se afirmaba que el cártel de Sinaloa, operado en ese tiempo por Joaquín El Chapo Guzmán, había aportado 900 millones de pesos para las campañas de Andrés Manuel López. Y aunque la exigencia presidencial de “presentar pruebas” no se cumplió, en el imaginario popular la versión tomó fuerza.
Haber diseñado un “programa” en el “plan de seguridad” cuyo basamento proyectó la idea de no combatir el fuego con el fuego y no aplicar la Ley del Talión “porque seríamos millones los tuertos” y tener como orden presidencial “abrazos, no balazos”, porque “los criminales también tienen derechos humanos”, incrementó la sospecha de la relación gobierno-crimen organizado.
Otro hecho que hizo sospechar de la perversa relación, lo representó las 6 visitas que el expresidente realizó a Badiraguato, sin una razón política. Se argumentó que sus viajes obedecían a supervisar la construcción de la carretera que une a Sinaloa con Guadalupe Calvo, en Chihuahua y cuyo primer kilómetro comienza en la sede de los herederos del cártel de Sinaloa, hoy conocido como el de “los chapitos” y “los mayitos” que, desde cinco meses mantienen una guerra abierta por el control de las drogas y como parte de cobrar la traición de haber secuestrado a Ismael El Mayo Zambada.
En una de esas visitas, el expresidente se acercó a la lujosa camioneta en que era trasladada la madre de El Chapo y considerada la jefa del clan. “No podría dejar a una persona mayor con la mano estirada”, respondió Andrés Manuel López. Ese mismo día, comió con los hijos de El Chapo con motivo del cumpleaños de Ovidio Guzmán.
Una decisión que elevó la sospecha, fue la orden de liberar a Ovidio Guzmán en aquella trágica tarde-noche que se denominó el “culiacanazo” y en la cual el ejército fue superado por los sicarios de Guzmán y doblegado por la instrucción del gabinete de seguridad, aunque días después el expresidente se atribuyó haber tomado la batuta para dirigir la orquesta.
Como elemento “humano” de la relación, Palacio Nacional realizó gestiones, a petición de parte, para que el gobierno de Estados Unidos permitiera una visita de la madre de El Chapo en la cárcel de alta seguridad -esa sí lo es- con el fin de despedirse. Si en el pasado algún presidente mexicano realizó petición similar, se desconoce y si ocurrió, se guardo el secreto. En el caso del tabasqueño, personalmente divulgó la carta de la mamá de El Chapo y la petición a Estados Unidos.
LOS ESPÍAS
EN ACCIÓN
Durante los últimos diez días, aviones militares, equipados con sofisticados equipos para captar movimientos hasta de una pequeña culebra, han volado en el “espacio internacional” en las zonas en donde operan los cárteles de Sinaloa y JNG, además de la Familia Michoacana, los Templarios, Los Tlacos y diversas células criminales.
Los vuelos se han realizado en amplias regiones que abarcan Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Jalisco y de pasada por Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. El general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, han reconocido las acciones y las han justificado con las afirmaciones de que los aviones estaban en espacios internacionales y el portaviones que surcó el Mar de Cortés, en “aguas internacionales”, aunque los habitantes de cuando menos cuatro entidades han asegurado haber visto las aeronaves y los buques sin utilizar telescopios, lo cual derribaría la versión oficial y, en cambio, confirmaría que los desplazamientos se realizan en territorio mexicano.
En Washington se ha informado que se redoblan los vuelos y navíos para ubicar a los criminales.
La respuesta ha sido que se trata de acciones de “coordinación, pero jamás de sumisión” entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal ha anunciado que pedirá explicaciones.
Aunque de ambos gobiernos han salido declaraciones en torno a la buena relación que sostienen, los analistas en temas internacionales sospechan que es al contrario y no es tersa sino tensa.
Por lo pronto, la defensa de México en favor de criminales, no cede y es, quizá, el tema que más preocupa a la Casa Blanca.
