*La Falta de Acción Contra la Criminalidad Durante Seis Años, hoy Repercute Terriblemente
*Exhibidas las Relaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales de Sinaloa con los Cárteles
*El Triunfo de Trump: Produjo un Terremoto en la Base Oficialista Política Mexicana
*Inicio de Sexenio con 19 Estados con Violencia Producida por los Grupos Criminales
*Operativo “Enjambre” y la Posibilidad de que se Extienda en la República
*Sinaloa en Tácito Estado de Guerra con el Gobernador en el Filo de la Navaja
*Y el Senado Aprobó Dictámenes que Permitirán el Ingreso de Fuerzas Estadounidenses a México.
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
Con 6 años de gobierno encabezado por Andrés Manuel López y con el diseño de una política que disparó la impunidad en las acciones de los cárteles del narcotráfico y de su brazo armado el crimen organizado -que actúa en otros menesteres como la extorsión, el cobro por derecho de piso, la participación abierta en procesos electorales, el control de la producción de alimentos como huevo, maíz blanco, ganado, limón, aguacate y frutas y flores- la violencia en cuando menos 19 estados de la República se convirtió en algo “común” que somete a la población, mientras las autoridades dan señales cruzadas para desmantelar algunos grupos y permitiendo el avance de los chapitos.
Frente a la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum reacciona con palabras que dejan duda ante la creciente violencia: la criminalidad no se combate con mano dura, sino aplicando las leyes. Es un acierto con el consabido, pero: el problema es la no aplicación de la ley.
La violencia generalizada produjo la muerte de 201 mil personas a partir de diciembre de 2018 y hasta noviembre de 2024. (Todavía no hay datos oficiales sobre el número de asesinados como homicidios dolosos y, sin reconocimiento formal, se estima que son ejecutados por los grupos criminales),
El triunfo de Donald Trump, quien el próximo lunes será juramentado y será legalmente el presidente número 47 de los Estados Unidos, produjo un terremoto en la base política mexicana, la oficialista, que la despertó y sacó de su zona de confort. La amenaza de declarar a los criminales como terroristas, con lo cual, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, y la creación del Departamento de Seguridad Nacional, durante la administración de Barak Obama, entró en vigor el uso de Inteligencia, los ataques con aviones no tripulados y fuerzas especiales para combatir el terrorismo.
Con la presunta extracción del criminal mexicano más buscado por las agencias del gobierno de Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada, se desvelaron supuestas relaciones entre el gobierno federal, el estatal y los municipales de Sinaloa con los cárteles de “los chapitos” y “los mayitos”, resultados de la escisión del de Sinaloa y las constantes visitas del expresidente López a Badiraguato -se tienen registros de 6- al tiempo de la férrea defensa al gobernador Rubén Rocha Moya, quien fuera “invitado especial” a la reunión con “El Mayo” y el exrector de la UAS, Héctor Cuén, lo que provocó reacciones en la DEA y el FBI que sirvieron para presionar a México y para que las fuerzas armadas desmantelaran cuando menos 20 laboratorios clandestinos en los que se procesaba fentanilo.
El exmandatario negó permanentemente que en el país se produjera fentanilo y rechazó los señalamientos de las agencias estadunidenses de investigación. Tal postura es mantenida por la presidenta mexicana y sin mostrar documentos que lo comprueben, volvieron y vuelven la mirada hacia China y de paso a Canadá, en donde se afirma que arriban los barcos provenientes del gigante asiático. El gobierno de Xi Jiping acepta que desde su país se envía fentanilo para uso médico y precursores que son utilizados por los laboratorios legales que lo solicitan. Niega, sin embargo, la exportación de precursores y fentanilo procesado.
A LO LARGO Y ANCHO,
19 ESTADOS BAJO FUEGO
Si bien resulta cierto que la violencia criminal no nació con el gobierno de la 4t, también es verdad que en 6 años se expandió por las facilidades de la autoridad.
De acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuando menos en 19 estados se registran acciones violentas realizadas por los grupos criminales.
Entidades como Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Baja California, Morelos, Colima, Nayarit, Quinta Roo, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, se tienen registros de los eventos criminales un día sí y otro también.
En abril de 2024, la consultoría de inteligencia en materia de seguridad, AC Consultores, hizo público un informe en el que afirma que más del 80% del territorio nacional se encuentra asediado por agrupaciones del crimen organizado, y en el cual reveló la existencia de cuando menos 175 grupos criminales.
El informe, titulado “Presencia del crimen organizado”, indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización del narcotráfico que tiene mayor dominio en el país, toda vez que sus operaciones abarcan 28 estados de la República. En segundo lugar, se ubica el Cártel de Sinaloa, con presencia en 24 entidades; el resto de las agrupaciones actúa en 10 entidades o menos.
El reporte, publicado primeramente por el portal Infobae, jamás fue cuestionado, por lo que se colige su veracidad.
Dice el informe que la República Mexicana se extiende a lo largo de 1.96 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 1.59 han sido ocupados por al menos un grupo delictivo, lo que equivale al 81% del territorio nacional. Lo anterior significa que, de los 2 mil 471 municipios contemplados en el informe, mil 488 tienen presencia de células criminales.
El análisis supera el realizado por el Comando Norte de Estados Unidos que, en 2021 exhibió que el 35 por ciento del territorio nacional estaba controlado por los grupos criminales.
Tampoco en aquella ocasión se desmintió la afirmación, por lo que se presume tiene certidumbre.
“ENJAMBRE”, UNA LUZ
AL FINAL DEL TÚNEL
Bajo el mando de Omar García Harfuch, designado coordinador general del plan de seguridad pública federal, cuyas facultades obligan a las fuerzas armadas a acatar sus órdenes, se inició la cacería de quienes desde los cargos políticos municipales a los que, con investigaciones, se les ha comprobado su presunta responsabilidad de colaborar con los grupos criminales.
La primera oleada azotó el Estado de México y en la red de pesca cayeron lo mismo una pececita, alcaldesa, cinco tiburones jefes policiales y una docena de charales que servían de halcones.
El operativo marca la ruta para alcanzar otros niveles de gobierno con la intención de corroborar las conexiones con los narcotraficantes y las cabezas, jefes de plaza, del crimen organizado.
Sin embargo, no hay respuesta, anuncio de que el operativo se desplegará en todas las zonas de alto riesgo. Se ha filtrado y no confirmado, que la siguiente entidad en la que habrá acciones concretas será Guanajuato, que mantiene el nada positivo primer lugar en homicidios dolosos, por los enfrentamientos entre el Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. De acuerdo con informaciones públicas, Guanajuato es la cuna del huachicol y a éste se ha sumado la distribución de drogas sintéticas, además de cocaína, principalmente.
En Sinaloa, que llevan 112 días de guerra entre los mayitos y los chapitos, demandan que Enjambre llegue y limpie el río por el que corre sangre y tiene a sus pobladores bajo fuego.
Desde el inicio del enfrentamiento, a mediados de agosto, cuando menos 723 personas han sido ejecutadas por uno y otro bando -a los que se les identifica por dejar sombreros y cachuchas sin el crimen lo realizan los mayitos y cajas de pizza si son los chapitos- y cerca de 600 desaparecidos. Entre las víctimas mortales hay algunas tipificadas como “daño colateral”.
En Sinaloa se ha desplegado una fuerza castrense que rebasa los 3 mil elementos y, sin embargo, la violencia criminal no cede.
Ante la situación, el gobernó de Rubén Rocha Moya, protegido por el gobierno federal desde su toma de posesión el primero de noviembre de 2021, afirma que la policía no llega tarde y que son los ciudadanos quienes no denuncian los eventos.
El subsecretario de seguridad estatal, Leoncio Pedro García Alatorre, negó que las fuerzas de seguridad lleguen tarde a atender los hechos de violencia y dijo que es la población la que no llama a las autoridades o las llama tarde.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, informó el arribo de 200 elementos de fuerzas especiales a la entidad como parte de los ajustes de reforzamiento de la estrategia de seguridad.
En conferencia de prensa, sostuvo que las situaciones de violencia o enfrentamientos de las ‘fuerzas fácticas’ se dan en circunstancias que no se pueden prever y en ese sentido la fuerza de reacción de las corporaciones policiacas es inmediata, aunque reconoció que en algunos casos no pueden llegar por las condiciones de tiempo.
Al conocerse que Rocha Moya era señalado como aliado de los chapitos, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López y la ya presidenta electa, Claudia Sheinbaum realizaron tres visitas en la “gira de despedida” del tabasqueño y la sucesora ya acudió, en sus 100 días de gobierno, a brindar el respaldo al mandatario y a pronunciar el discurso con la clásica frase dirigida a la población: no están solos.
La creciente violencia orilló a la presidenta ordenar al secretario de Seguridad Ciudadana, Harfuh García, trasladarse a Culiacán y permanecer en el lugar el “tiempo que sea necesario”, que fue de apenas tres días, aunque después regresó y comenzó la captura de personajes a los que se etiqueta como “operador financiero”, “jefe de sicarios”, “jefe de la plaza”.
La respuesta de los criminales -hasta ahora no identificados- fue emboscar a un grupo de federales, bajo el mando de Harfuch y uno de los agentes, Alexis Guadalupe, perdió la vida.
Sin mostrar en dónde están recluidos, desde Palacio Nacional se ha informado que los operativos han permitido la captura de más de “3 mil delincuentes”.
Y mientras hay orgullo por los resultados, la violencia, no solo en Sinaloa sino en cuando menos 19 estados, no cede.
SADISMO
CRIMINAL
Los grupos criminales, sobre todo los dos cárteles poderosos, se han sofisticado y a sus víctimas las decapitan o los cuerpos son desmembrados y embolados en plásticos negros.
Todas las personas ejecutadas, relacionadas con uno u otro grupo criminal de la escisión del cártel del Pacífico o Sinaloa, muestran claras huellas de tortura.
Presuntamente, el 95 por ciento de las ejecuciones se da entre integrantes del narcotráfico o del crimen organizado.
Esta ha sido la versión oficial desde hace seis años, cuando la violencia se disparó y terminó con 201 mil homicidios dolosos -ejecuciones- y la desaparición de cerca de 100 mil personas, según los datos de las organizaciones civiles que dan seguimiento a la problemática.
El cambio de paradigma para combatir a los violentos sí marca una diferencia: ahora las fuerzas armadas abandonaron los abrazos y comenzaron con los balazos.
¿Mano dura o aplicación de la ley?
DONALD TRUMP Y
LA “SUAVE INVASIÓN”
Los resultados de la elección en Estados Unidos no favorecieron la política de seguridad pública mexicana. El arribo de Donald Trump preludia una crisis que rebasa la diplomacia.
Desde la campaña -lo hizo en la primera en 2016-, el republicano desveló su intención de combatir a los criminales en México y amenazó con una “invasión suave”, es decir, fuerzas especiales se infiltrarían en el país para “asesinar a los criminales” (sic), lo que provocó la reacción tanto del expresidente mexicano como de la hoy presidenta, que rechazaron cualquier incursión que viole la soberanía nacional.
Sin embargo, el Senado de la República, aprobó el 13 de diciembre dictámenes que permitirán el ingreso de fuerzas armadas a México.
La vaga información sobre el particular indica que éste y otros dictámenes fueron parte de una serie de solicitudes realizadas por la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de un programa bilateral entre ambas naciones con el que el fin del adiestramiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos y México.
Contrario a lo que antes de los comicios en Estados Unidos se decía desde Palacio Nacional sobre la presencia de fuerzas especiales para eliminar a los criminales y se ubicaban las palabras en “están en campaña… no pasa nada”, ahora hay preocupación porque el mandatario que será juramentado el 20 de enero, ha reiterado su intención de utilizar infiltrados y drones para combatir a los integrantes de los cárteles.
Sobre el particular, hay silencio absoluto.
¿Mano dura o aplicación de la ley?
