En su segundo y último informe de labores como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia la Nación, Norma Piña denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron víctimas de ataques y amenazas desde el sexenio pasado.
“La campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”.
Dijo que “indudablemente la reforma judicial presenta enormes retos. No solo para personas juzgadoras, sino para todo México. Estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos”.
En su discurso señaló:
“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado”.
Añadió: “Las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores; en cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente”.
“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles”.
Piña dijo que hubo una campaña para anular la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas, la cual se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Corte y sus integrantes actuaron usando las funciones que les asigna la ley.
“No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”.
Agregó: “Recordemos que apenas hace menos de tres años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional.
