El juez segundo de distrito de Colima, Javier García Contreras, consideró que se deben realizar las investigaciones pertinentes por no obedecer una suspensión judicial debidamente justificada, lo que se trata de “la posible comisión de un delito especial”. Y por ello presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La Ley de Amparo dice que este delito amerita pena de tres a nueve años de prisión, además de destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.
El juez sigue ordenando que se suspenda el proceso judicial y ya impuso multas de más de 54 mil pesos a cada uno de los consejeros del INE.
Incluso solicitó a las autoridades administrativas de la Ciudad de México que colaboren para notificar a los 11 consejeros en sus domicilios particulares y que procedan al cobro de la multa.
En conferencia de prensa la semana pasada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que había un proceso en curso para cobrarles la multa, pero dejó ver que apelarán la decisión.
Se trata de uno de los amparos solicitados por la Fundación Iris por presuntas violaciones a las garantías por los efectos de la reforma judicial.
El representante legal de la Fundación Iris, Raúl Andrade Osorio, señala que ante el desacato masivo a las suspensiones de amparo que se han dictado en contra de la reforma judicial y los incidentes de inejecución que se ha presentado en contra de la misma, es necesario que el máximo tribunal del país atraiga todos los asuntos derivados o relacionados con la discusión y aprobación en el Congreso de
