Representantes de trabajadores del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil acusaron que la Reforma Judicial es regresiva y antidemocrática por lo que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas para garantizar el Estado de derecho y la independencia de los juzgadores.
“Ante la ruptura del orden democrático constitucional instamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) activar los mecanismos previstos en la carta democrática de derechos”, dijo Manuel Saturnino, representante del Comité Ejecutivo de Secretarios y Actuarios del Consejo de la Judicatura Federal, en su participación en la audiencia México: Reforma Judicial en el marco del 191 Período de Sesiones de la CIDH.
Manuel Saturnino expuso sus peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos ante la Reforma Judicial vigente desde el 16 de septiembre.
Por su parte, Claudia Mendoza, jueza de distrito y representante de 17 juezas titulares en 11 estados del país, señaló que la reforma judicial afecta más a mujeres que a hombres: 486 mujeres juzgadoras que llegaron a su puesto por carrera judicial serán despedidas luego de haber luchado por la paridad de género en el Poder Judicial.
“Todas somos funcionarias de carrera judicial; realizamos labores de casa y también lo hacemos en el cuidado de familiares, como mujeres altamente calificadas. Así le decimos a la Presidenta de la República (Claudia Sheinbaum Pardo) que desafortunadamente no, no llegamos todas; esto representa un desvío de poder”, subrayó claudia Mendoza durante su intervención.
La representante de juezas de 11 estados comentó que esa Reforma Judicial nos llevó a un “hecho sin precedentes” en donde el Gobierno de México aprobó una modificación constitucional desacatando sus obligaciones internacionales y que constituye una violación masiva de derechos humanos».
Mientras que Angélica Correo y Laguna, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, insistió en que la carrera judicial es muy importante para impartir justicia con imparcialidad y objetividad.
La reforma era necesaria, defiende José Antonio Montero Solano, director general de consulta de la Consejería Jurídica“. La Reforma Judicial deja sin empleo a miles de personas, desaparece la carrera judicial y sí vulnera los derechos laborales de los trabajadores, y el Estado mexicano debe responder, ¿por qué alguien que sale de la Universidad es mejor que alguien de carrera judicial?”, expuso Correo y Laguna durante su participación.
En defensa de la Reforma Judicial, José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, aseguró que dicha reforma que era necesaria.
“La reforma en materia de Poder Judicial en México es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales: el poder al que le corresponde impartir justicia. Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia”, comentó el funcionario. José Antonio Montero afirmó que no se han violado los derechos de los jueces y juezas, por lo que sus acusaciones son especulación.
