*Frente al Poder Avasallador,
la Dignidad Profesional
*La de hoy, Será una Votación
Histórica en el PJF
*Frenará Parcialmente una
Reforma a Modo
JOEL ARMENDÁRIZ
Choque de trenes de alta velocidad, es poco a lo que se espera hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los ocho ministros que presentaron sus renuncias, lo que implica que no participarán en el proceso con el que se busca elegir a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación -además de que en los estados deberán ajustar sus constituciones para realizar la misma operación- votarán la inconstitucionalidad parcial de la Reforma Judicial, con lo que harán cimbrarse el Palacio Legislativo de San Lázaro y el oropelesco edificio del Senado de la República, autores materiales del texto -inconsistente y mal redactado con errores garrafales que orillaron a la contrarreforma- y que dará oportunidad de los congresistas de lanzar la amenaza pública: juicio político a los 8 ministros.
El pasado martes, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, enviaron sus renuncias a la mesa directiva del Senado y el miércoles, las ministras Norma Leticia Piña Hernández, presidenta de la SCJN, Ana Margarita Ríos Farjart, Luis María Aguilar Moreno, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Quienes permanecieron para ir en busca de que el “pueblo las elija”, son Yasmín Esquivel Mossa,
Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, quienes anunciaron su intención de aprovechar el “pase automático” a fin de participar en la contienda electoral del primer domingo de junio del próximo año.
Presumiblemente los ministros y ministras que dimitieron estarán desempeñando sus respectivos cargos hasta el 31 de agosto del próximo año. Sin embargo, aún está la duda prevista por el presidente de la Mesa Directiva del Senado: analizaremos su aceptamos las renuncias.
En el Senado y la Cámara de Diputados -sin tener vela en el entierro- se examina la posibilidad de someter a los 8 renunciantes a juicio político. Es probable que algún diputado o “un ciudadano” lo solicite en San Lázaro y que la Comisión de Examen Previo le dé entrada y se procese la acción.
Se trataría, por supuesto, de exhibir a quienes no se doblaron frente a la andanada de ataques provenientes de Palacio Nacional durante 22 meses -el tiempo entre la toma de posesión de Norma Leticia Norma Hernández y el final de la administración del presidente López- y que ahora han resistido los nuevos señalamientos por la titular del Poder Ejecutivo Federal, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el senador Adán Augusto López Hernández, jefes políticos de Morena en el Congreso de la Unión.
UNA DECISIÓN
NADA FÁCIL
Conocida la iniciativa de ley para “reformar” -habría que apuntar mejor deformar- el Poder Judicial de la Federación, los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentaron el diálogo, ser escuchados y que sus propuestas se aceptaran, si no en su totalidad, si aquellas que formaron parte de la columna vertebral de lo que no se aprobó y en cambio se mantuvieron las palabras que, sin cambiar una coma y un punto, recibieron el respaldo “desinteresado” de los congresistas de Morena y Aliados y el traidor del PAN.
Desde febrero el anterior huésped temporal de Palacio Nacional informó que enviaría 20 iniciativas a la Cámara de Diputados, 18 de ellas para reformar la Constitución y dos levantaron la polémica: la Judicial y la Electoral.
Hasta ahora, el resto, Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre las más destacadas, pasaron sin mayor oposición.
De las pendientes, solamente se proceso la Judicial. La electoral y la de órganos autónomos están en veremos.
Para los ministros que jamás cedieron su espacio de independencia, la decisión de renunciar no debió ser fácil. Por el contrario.
Es un hecho inédito en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nunca antes la defensa de la autonomía e independencia de uno de los tres poderes de la Unión se hizo abiertamente y con el respaldo de la ciudadanía que, como de costumbre, no fue escuchada.
Los integrantes del Pleno de la Corte se sumaron al paro de labores iniciado por los trabajadores sindicalizados y por honorarios, quienes lo mantuvieron por más de 46 días y desdeñaron la orden del Consejo de la Judicatura Federal de regresar desde el lunes de la semana anterior, aunque después se reintegraron a sus labores.
Las batallas libradas no alcanzaron la victoria al final de la guerra. Sin embargo, la gallardía con que se realizó el frente, merece respeto y hasta admiración.
Desde el 1de septiembre, cuando se publicó en el Diario Oficial de las Federación la reforma constitucional, se presentaron controversias constitucionales, acciones de inconstitucional y solicitud de amparos por terceros afectados.
La gota que derramó el vaso, fue la presentación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se plantea la inviabilidad de elegir jueces y magistrados, aunque acepta la de ministros.
El contenido del proyecto fue cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la propuesta de González Alcántara Carrancá como «incorrecta» y desestimó, previo a su oficialización, las renuncias de los ministros.
«Lo que ellos no dicen es que, si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los beneficios del retiro, que es lo que obtienen tras su [salida de la corte mexicana]», aseveró en su conferencia de prensa del 29 de octubre.
Bueno, eso está contenido en la Constitución y, se presume, se tiene que respetar porque así lo protestó al asumir ante el Congreso de la Unión en cargo de presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
El vaso se rebosó y la última gota cayó con la renuncia de 8 de los 11 integrantes del Pleno, algo inaudito.
Una respuesta difícil a un problema complejo.
