JUAN IGNACIO MARTÍ*
Claudia Sheinbaum, si revisa todas las discusiones (argumentos) relativas a cada una de las Constituciones aprobadas en 1824, 1836, 1843, 1857 y 1917, deberá aceptar que lo que fue aprobado fue el camino a la democracia, fundamentada en la separación e independencia de los tres Poderes.
El inicio fue que el Poder Legislativo fuera un contrapeso al Poder Ejecutivo.
Con cada una de esas grandes reformas a la Constitución se avanzó para que con la de 1917 se perfeccionara el objetivo de dar independencia plena al Poder Judicial.
Con ello se perfeccionó el Estado de derecho que, aunque los políticos en cada sexenio formaron un partido hegemónico, respetaron el espíritu del proceso evolutivo de las grandes reformas constitucionales.
Por eso tuvimos, gracias a la guía inicial de Gustavo Baz Prada e Isidro Favela que definieron a ese partido hegemónico como “un espacio de todos los sectores para hacer política (bien entendida)”, un muy largo camino de paz, sin sucesiones presidenciales consecuencia de traiciones y magnicidios.
Por ello empezó el crecimiento económico, académico, cultural y social del país.
El Poder Ejecutivo o el Legislativo proponían reformas legales, en el Legislativo se aprobaban, pero no tenían validez jurídica sin la sanción final del Poder Judicial.
200 años más tarde el actual partido hegemónico da reversa a todo lo construido por la sociedad, para asegurar su permanencia en el poder.
Por eso Claudia Sheinbaum erróneamente insiste en que con la sola aprobación del poder legislativo (con minúsculas), la reforma es constitucional.
Comete esa falacia porque no tiene la sumisión del Poder Judicial.
¿La gran mayoría?
“La mayoría de la población lo decidió”, insiste Claudia Sheinbaum. Obtuvo el 53% de la votación. Pero no votó el 100% de los votantes. Por lo que casi dos terceras partes de los votantes no votaron por ella. ¡Esa es la enorme diferencia de la gran reforma a la Constitución de 1917! Y prueba de ello es que su vigencia duró 107 años.
*Juan Ignacio Martí es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Fue subsecretario de Estado en la época de Miguel de la Madrid.
