NIDIA MARIN
Están poniendo sus barbas a remojar diputados y senadores.
¡Sí, porque ya está lista la guillotina para que ruede por los suelos la reelección de legisladores!
Lo que no se sabe es la vereda o avenida por la que transitará aquella decisión tomada en 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2014 para apoyar la reelección en el Congreso de la Unión.
Un enigma que pronto será despejado está pendiente en México, al recordar que durante diez años ha estado vigente la mencionada reelección de los senadores por un periodo adicional y de los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.
¿Adiós para siempre adiós?
Es posible, pero también debe considerarse la posibilidad de que sólo se modifiquen, aclaren y acorten los tiempos.
En la norma vigente, la condición para la reelección es que los legisladores sean postulados por “…el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”, de acuerdo a la Constitución vigente.
Seis años después de que la reelección fue puesta en marcha (LXIV Legislatura en 2018), será revisada y… ¿modificada?
Dicen los expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que, la finalidad de las regulaciones para la reelección tenía como fundamento no solo preservar la cohesión o unidad de un grupo parlamentario (o la estabilidad de una mayoría a lo largo de una legislatura), como un mecanismo para garantizar que los partidos preservaran el control de las candidaturas.
Y como hoy el horno no está para bollos, seguramente se debatirá sobre los actos anticipados de precampañas y campañas, las promociones personalizadas, la comunicación política, licencias y separaciones de cargos, postulación de candidatos, entre otros, que por su naturaleza van de la mano con la reelección.
Recuerda Juan Pablo Aguirre Quezada, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Senado de la República, lo dicho en este 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de que se enviarían iniciativas con la finalidad de no permitir “la reelección a ningún cargo de representación popular”.
Menciona, además, que otras autoras observan como elementos de alternancia “la volatilidad electoral de los partidos, del tipo de sistema representativo, de las listas abiertas o cerradas, de la prohibición o no de la reelección, así como de las medidas afirmativas relacionadas con el género”.
Pero también señala a investigadores que consideran que entre las ventajas de la reelección legislativa está: “la profesionalización de la carrera legislativa, estabilidad política, fomento a la responsabilidad de las y los legisladores, mejor contacto y vínculos entre representante político y elector, gestión de proyectos a mediano y largo plazo, mejor comunicación interpartidaria e intrapartidaria y eficiencia parlamentaria, entre otros” (De Andrea, s/f)”.
Pasada una década de haberse aprobado hay quienes siguen cuestionando la reelección al señalar:
“De nada servirán las buenas gestiones de gobierno o legislativas sustentadas en las mejores prácticas, en términos de rendición de cuentas, si al final del día la postulación del candidato se da en su partido, sí mediante un mecanismo democrático, como podría ser una asamblea, pero sin las condiciones que permitan valorar sus méritos en la gestión y las bondades a favor de la ciudadanía de una posible reelección”.
Ignacio Hurtado Gómez habla de otro escenario que, a lo mejor, ya ocurrió o podría suceder.
Le llaman “el indeseable” y sería aquel “cuya mediana gestión de gobierno o legislativa no favoreció la rendición de cuentas ni el acercamiento con la ciudadanía, pero que, por estar cercana a la dirigencia partidista en turno, genere las condiciones para nuevamente ser postulado por el mismo partido político, pues al final es un derecho adquirido del servidor en funciones”.
En fin… la moneda está en el aire.
