Pese a los señalamientos de un intento de «golpe de Estado», el pleno de la Suprema Corte de Justicia de México aprobó por mayoría de ocho votos este 3 de octubre iniciar una controversia para decidir si tiene atribuciones para revisar la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso, como lo solicitaron jueces y magistrados.
Durante la discusión, la ministra Lenia Batres Guadarrama consideró como «inaceptable» que la Suprema Corte mexicana pretenda atribuirse «facultades metaconstitucionales» para «subordinar a los otros Poderes de la Unión» e incluso al poder reformador de la Constitución Mexicana, integrado por ambas Cámaras del Congreso y las Legislaturas de los estados.
«Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de Poderes y el Estado constitucional de derecho, la Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador», señaló la ministra Batres Guadarrama.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, expresó su preocupación en el pleno respecto a la controversia aprobada, pues señaló que esta «desconoce» el poder reformador de la Constitución, y pretende analizar «si es constitucional o no, una reforma constitucional».
«En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza», señaló la ministra Esquivel Mossa.
«¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional?», cuestionó ante el pleno de ministros.
Esta controversia deberá ser turnada a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que presente un proyecto al pleno, en el que se determine si es improcedente que el Poder Judicial de la Federación (PJF) pueda revisar contenido constitucional o si podrá verificar si la reforma aprobada «es compatible o no con las garantías e independencia judicial».
En tanto, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la Suprema Corte demostró su «carácter faccioso» al pretender ponerse por «encima» del Poder Legislativo de México, que, dijo, tiene la atribución de reformar la Constitución Mexicana.
«No puede y no debe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México, por esta razón esta presidencia plantea con toda claridad que la elección de personas juzgadoras se llevará a cabo […] lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte», aseguró el legislador oficialista.
El pasado 15 de septiembre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó -junto a la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en el Congreso mexicano y las Legislaturas estatales. Sputnik
