CÓNCLAVE
ROSALÍO MARTÍNEZ BLANCAS
Durante la discusión sobre la Reforma Judicial en el Congreso de la Ciudad de México en su carácter de Constituyente se registrarían más gritos y consignas que debate parlamentario.
Así, durante la intervención del panista Ricardo Rubio invitaría a los diputados del PVEM y del PRD a razonar su voto, porque afirmaría que Morena sólo los utiliza y luego los desecha, perseguirá y los encarcelará, a lo que el coordinador de los pevemistas, Jesús Sesma externaría que responden a los 1.5 millones de mexicanos que votaron por ellos, gracias a su propuesta de transformación del Poder Judicial.
Mientras que tanto panistas y priístas rodeaban la tribuna con carteles con la leyenda “#Soy la Resistencia” y “¡Sin Justicia No hay Futuro!”, los morenistas y petistas se apostarían en la mesa de la presidencia para mostrar carteles con la leyenda “El Pueblo Manda…¡La Reforma Va!” y los petistas con letreros que decían: “¡Justicia Si, privilegios no!”
La presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Martha Ávila llamaría al orden en varias ocasiones y pediría a los oradores se ajustarán al tiempo establecido para su intervención.
Y se oiría la consigna de los morenistas de “¡Sí se pudo!”
La presidenta instruiría a la secretaria para que preguntará si la iniciativa de reforma al Poder Judicial estaba suficientemente discutida. Sin embargo, rectificaría si algún diputado quería razonar su voto, lo que provocaría un breve receso para consultarlo con los coordinadores de los grupos parlamentarios y dar paso a una ronda más de oradores para razonar su voto.
La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial, fue aprobada con 46 votos a favor y 20 en contra.
Así, el diputado Alejandro Villarreal Cantú (PT) calificó la aprobación de la minuta como un asunto trascendental e histórico, que permitirá resolver los problemas cotidianos en materia de acceso a la justicia, y denunció excesivos ingresos de las y los ministros de la SCJN que en 2023 representaron 50 veces más de lo que ganaron 21 millones de mexicanos que percibieron un salario de 6 mil 223 pesos.
En su momento, el congresista Omar Alejandro García Loria (PRI) aseguró que las y los legisladores opositores a la reforma constitucional apoyarán siempre la transparencia, la justicia y los derechos ciudadanos que la modificación compromete, y rechazó las simulaciones políticas.
Al hablar a favor, la diputada Rebeca Peralta León (PVEM), argumentó que garantizar la elección de las personas integrantes del Poder Judicial mediante el voto popular permitirá que la voz de las y los mexicanos sea tomada en consideración respecto a la impartición de justicia en el país, y aseguró que esta reforma no atenta contra los derechos laborales federales.
La legisladora Patricia Urriza Arellano (MC) consideró que con esta reforma la juventud verá truncados sus sueños de verse como jueces y magistrados, además dijo que no se escucharon las voces de quienes están en contra en todo el país, “el problema no es la elección popular, el problema es la preselección que se realizará”.
Al referir que la posición de la ciudadanía expresada en las urnas es lo más importante para impulsar esta transformación en el poder judicial y otros proyectos políticos, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) resaltó que los foros realizados para escuchar y debatir la reforma fueron fundamentales para llegar a este camino político, a pesar de la violencia y las dificultades que se presentaron.
Al razonar su voto, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) aseveró que no se debatía una simple cuestión jurídica, sino un asunto de justicia social, igualdad y dignidad, e indicó que es viable eliminar el Consejo de la Judicatura, órgano convertido en espacio de protección para la corrupción y el tráfico de influencias, que en sus 24 años, de 38 mil quejas recibidas sólo presentó 23 denuncias en contra de juzgadores; y celebró la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de garantizar la impartición de justicia con ética y eficiencia.
La diputada Lizzette Salgado Viramontes (PAN) señaló que su voto sería en contra por ser ésta una reforma que no ha sido revisada, analizada y discutida con seriedad; “me opongo porque el procedimiento ha estado plagado de irregularidades”.
El diputado Royfid Torres González (MC) afirmó que esta reforma permitirá que jueces y magistrados estén consignados a la voluntad del Poder Ejecutivo, por lo que ataca directamente al régimen democrático del país. Por ello, aseguró que su voto sería en contra y que se sumará a la lucha de las personas jóvenes que buscan combatir la concentración del poder.
Y así siguieron las loas, las críticas, las burlas y los gritos.
