Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El argumento central de la iniciativa presidencial para reformar de y a “fondo” al poder Judicial de la Federación es que “está podrido”, la corrupción lo carcome y ministros, jueces y magistrados, sirven a los ricos y no le hacen justicia al pueblo.
La propuesta es que sean elegidos por el voto libre, secreto y universal.
¿Con eso se acabará la corrupción en uno de los Tres Poderes de la Unión?
Sin señalamientos específicos, hay que poner sobre la mesa que el presidente de la República, los senadores y diputados federales; gobernadores, legisladores locales y presidentes municipales y regidores, son electos por los ciudadanos.
¡Y hay decenas de corruptos!
El huésped temporal de Palacio Nacional -le restan 108 días para vencer el contrato y no tiene cláusula de renovación- califica a los ministros, magistrados y jueces federales de servirle a los ricos, liberar a criminales de cuello blanco y de los otros; los acusa de frenar las reformar legales que aprobó la mayoría simple de los diputados y senadores del Congreso de la Unión y la insistencia de darle velocidad a la iniciativa de reforma judicial, debe ser tema de preocupación para los inversores.
La corrupción existente entre los poderes Ejecutivo -los tres niveles de gobierno- y el legislativo -en sus dos niveles- y el Judicial, hay una distancia enorme que no podría medirse en kilómetros.
La doctora Amparo Casar hizo la reflexión: ¿elegir a los miembros del Poder Judicial eliminará la corrupción a que se refiere el presidente?
Y es la que expone que los elegidos en las urnas por el pueblo, son quienes representan la mayor corrupción.
Ergo, los elegidos por pueblo no son impolutos.
¿Cómo se han construido las fortunas de los políticos elegidos por el pueblo?
Revisar la historia de cuántos elegidos para un cargo público y fueron señalados por actos de corrupción que, además, les permite poseer fortunas que no ocultan, sería imposible de evaluar el número.
Porque hay, quienes, como Hilario Ramírez Villanueva, conocido por el mote de “Layín”, cínicamente confiesa que “sí, robé, pero poquito”, cuando fue alcalde de San Blas, en Nayarit. Otros, como Carlos Hank González mostraban abiertamente su riqueza e incluso acuñó la frase: político pobre, pobre político. Y está el caso de Delfina Gómez Álvarez, ahora gobernadora del Estado de México quien en funciones de presidenta municipal de Texcoco descontó, ilegalmente, el 20 por ciento de los salarios del ayuntamiento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comprobó los hechos y la multó con 4.5 millones de pesos. ¿La razón del diezmo?… ¡para ayudar a la causa”.
¿Cuántos de los integrantes de los gabinetes presidenciales o de gobierno estatales viven en la austeridad republicana que pasó a ser franciscana?
Recientemente se hizo público y las pruebas son documentos notariales, de la riqueza que posee la ahora virtual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. ¿Su salario como secretaria de Energía le dio para adquirir media docena de propiedades de nivel VIP?
¿De dónde sacó dinero Alejandro “Alito” Cárdenas para mercarse un Ferrari con valor de 8 millones de pesos? La denuncia la hizo Layda Sansores en su programa “Noches del Jaguar”.
Y fue gobernador. Ahí están los departamentos de Alejandro Murat Hinojosa en Nueva York. Roberto Borge Angulo, Eugenio Hernández Flores, Javier Duarte, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Roberto Sandoval, Guillermo Padrés, etcétera, pisaron y/o están en diferentes cárceles.
¿Cuántos ministros, magistrados o jueces están procesados y sentenciados?
La distancia entre los elegidos por el pueblo y los designados por el presidente de la República, es abismal.
¿Cuántas acusaciones o señalamientos de corrupción de funcionarios de la 4t están radicadas en la Fiscalía General de la República? Y ninguna avanza, aunque la dependencia sea constitucionalmente autónoma.
Elegir a los ministros, jueces y magistrados por el voto popular, dará oportunidad al crimen organizado de impulsar a quienes muestren signos de debilidad respecto a las tentaciones materiales los hacen olvidar su compromiso de la sociedad. Se fortalecerá y controlará lo que hasta ahora le ha sido imposible: la administración de justicia… de la procuración, mejor no hablamos.
¿Eso busca el presidente López?
Vaya forma de quitarle lo podrido a una fruta, cuando la canasta está infestada.
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