Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en rebeldía al Congreso de la Unión pues los legisladores llevan dos años sin emitir una nueva Ley General de Aguas, por lo que se mantiene vigente la de 1992, es decir, 32 años de rezago en materia hídrica.
La nueva ley, que se encuentra congelada en el Congreso, tiene como objetivo regular la distribución, revisar las concesiones, vigilar que no haya sobre explotación de los acuíferos e invertir en infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.
Lo novedoso de este proyecto, es que se plantea la existencia de contralorías ciudadanas, es decir, serán los propios mexicanos quienes revisen que no haya abusos en la extracción y distribución de agua potable.
El nuevo marco normativo incluye que cada una de las concesiones se revisen y de ese modo no se extraiga más agua de la que ingresa a las reservas. También busca acabar con el huachicol y la comercialización ilegal de este recurso.
Datos presentados en septiembre de 2023 en el Senado de la República, apuntan que hasta diciembre de 2020 existían 514 mil 684 títulos para la explotación de este recurso. De esa cifra, tres mil 304 acaparan la quinta parte del volumen total de agua concesionada, el cual va a las grandes empresas.
Por qué no avanza la nueva Ley General de Aguas
Este miércoles 15 de mayo de 2024, la Corte rechazó ampliar la nueva prórroga solicitada por los diputados, pues consideró que no existe justificación para incumplir con esta ley sobre el agua.
El Poder Judicial solicitó al Legislativo “informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas, remitan un cronograma en el que se advierta el plan de trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a la sentencia, así como los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa”.
Esta situación generó molestia entre la bancada de Morena, por lo que Leonel Godoy Rangel declaró que el Poder judicial no debe instruirlos.
“No va a ser la Corte quien nos va a dictar eso. No lo podemos aceptar de ninguna manera, cuando menos la bancada de Morena no lo acepta”, recalcó el también ex gobernador de Michoacán.
Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, destacó que el agua es un asunto de seguridad nacional y debe ser una prioridad de los tres órdenes de gobierno. Según indicó, 21 millones de personas en el país aún no tienen garantizado su derecho constitucional al acceso a este recurso vital.
La solución a este problema requiere una inversión anual que ronda los 86 mil millones de pesos, la cual puede provenir tanto de fondos públicos como privados, conforme a lo establecido en la legislación. Para implementar una reforma de esta magnitud, es necesario involucrar a todas las entidades federativas con recursos hídricos, además de otras dependencias como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat. También es esencial un parlamento abierto que incluya a especialistas, estados y municipios, permitiendo la construcción de un proyecto hídrico integral.
En respuesta a la solicitud de información por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pide detalles sobre el estado del proceso legislativo para emitir la Ley General de Aguas, la Cámara de Diputados ha manifestado su compromiso con la necesidad de legislar sobre este tema. La notificación de la Corte precisa que se debe remitir un cronograma y un plan de trabajo legislativo específico para cumplir con la sentencia.
La presidenta de la Cámara comunicó que dicho requerimiento será enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta institucional. Este proceso busca asegurar que se desarrollen estrategias efectivas que garanticen el acceso universal al agua, conforme al mandato constitucional.
(Agencias)
