Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Tres párrafos del informe de la Comisión de Paz y Resolución de Conflictos de la
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) revelan cómo el proceso electoral mexicano produce “alta preocupación” entre 10 países del organismo.
Baste leer:
En un informe elaborado por representantes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Belice y Honduras, se advierte que el actual proceso electoral que se vive en México, existe un aumento de los principales tipos de violencia política que incluyen amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos contra funcionarios públicos, precandidatos(as) o candidatos (as), para obligarlos a cooperar con el crimen organizado o de lo contrario son eliminados. El crimen organizado ha sometido principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, accediendo a recursos valiosos para operar con impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a sus rivales.
Otro aspecto preocupante que resalta el informe, es el financiamiento de campañas a candidatos del partido oficialista a través del crimen organizado, entre ellos del huachicol (robo y venta ilegal de combustible que se ha incrementado en 117% en la actual administración), de dinero público sustraído ilegalmente de los programas Bienestar, imposición de candidatos vinculados con grupos criminales y movilización o inhibición del voto mediante amenazas o agresiones.
Destaca también que a pesar de la prohibición expresa tanto en la Constitución y las leyes, el Presidente de México en su conferencia matutina diaria, interfiere en cada oportunidad en el devenir electoral, lo que ha obligado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e Instituto Nacional Electoral (INE), a exigirle que suspenda sus alusiones tanto al proceso electoral como a los candidatos sin que hasta el momento cesen las intervenciones abiertas del Ejecutivo en la contienda, actitud que solo contribuye con el debilitamiento del aún incipiente Estado de derecho.
Aquí llaman “injerencia” toda opinión que desvele la realidad que vive el país frente a los comicios más grandes de su historia, cuyo principal eslabón es la permanencia de la cadena de Morena y el proyecto personal del presidente López.
Lo antes escrito deja de ser una opinión personal y fortalece la idea de la gravedad que se vive en el proceso electoral que, de ganar el oficialismo, continuará con la destrucción de las instituciones que tardaron, cuando menos, tres décadas en construirse.
En este espacio nos henos declarado defensores de la democracia, con todos los defectos y virtudes que representa y, la respuesta oficial ha sido que formamos parte del grupo de adversarios, de los conservadores, que quieren regresar a los privilegios de antes. La falsedad elevad al cubo.
Poner sobre el tapete de las discusiones que el jefe de la campaña de la corcholata oficial es el presidente López, no es mentira, no es engaño, es realidad. Sin demérito del talento escondido de la doctora Sheinbaum, su campaña tiene el defecto o la virtud de la lealtad ciega que profesa a su mentor. Sostenemos que es lógica su posición, porque todo presidente que se va busca que quien lo sustituya hay entendido su proyecto de gobierno y se comprometa a mantenerlo vivo, con las adecuaciones de ser necesarias, que permitan el fortalecimiento y no caduque en solamente seis años.
Lo que dicen los integrantes de la Copppal, en la que participan 73 países del mundo, no dejan duda de lo que analizan sobre el proceso electoral de México en 2024.
Dos elementos no deben perderse de vista: la claridad con la que se identifica la participación del crimen organizado y la injerencia abierta, descara y cínica del presidente de la República.
El proceso ya rompió la barrera de la distancia y dejó de ser meramente local. ¿Tendrá argumentos el huésped temporal de Palacio Nacional para refutarlos?
Claro, más allá de que “somos un país soberano no colonia de nadie”.
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