La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), emitieron un comunicado en el que justifican el inicio de investigaciones contra servidores públicos denunciados anónimamente.
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial de la Federación (PJF), en el 2020 se realizó una reforma aplicada al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF. Dicha modificación permite comenzar investigaciones si las denuncias presentadas contienen información detallada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sugieren la posibilidad de faltas administrativas, aún si esta es anónima.
Antes de esta reforma se requería que cualquier queja presentada, incluidas las anónimas, estuviera respaldada por elementos probatorios para determinar la existencia de la falta administrativa y la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Sin embargo, desde la reforma, se pueden ordenar investigaciones incluso si no se acompañen pruebas.
El pasado 9 de abril la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, ordenó a autoridades del CJF comenzar una investigación contra el exministro Arturo Zaldívar y excolaboradores suyos por presuntas faltas administrativas.
Al respecto, Zaldívar replicó que comenzar investigaciones por denuncias anónimas es un hecho sin precedentes en el Poder Judicial y advirtió que Piña Hernández busca intervenir en el proceso electoral que se vive actualmente en el país. “Una cacería de brujas”, describió Zaldívar a lo acontecido.
Asimismo, la filtración de dicho documento ya es investigada por órganos competentes del Poder Judicial, según se informó en el comunicado.
De acuerdo con la información compartida por los máximos organismos del PJF, la reforma que permite abordar denuncias anónimas le ha permitido al CJF iniciar 362 investigaciones.
El CJF informó también que la investigación iniciada el 9 de abril refiere presuntas faltas administrativas de Zaldívar; aunque si condición de exministro le deja sin facultades para poder investigarlo. Ante ello, turnaron la denuncia a la SCJN para que resuelva lo conducente ante este asunto.
