La Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que preside el senador Rafael Espino de la Peña, aprobó un dictamen que busca garantizar al trabajador el derecho a la no discriminación.
El proyecto establece que en los casos en que la persona trabajadora pertenezca a alguno de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y si ésta así lo solicita, el empleador deberá traducir las condiciones de trabajo a la lengua originaria del trabajador.
La reforma al artículo 24 y la adición a la fracción XI al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, tiene el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho al trabajo, a través de la traducción de las condiciones de trabajo a la lengua indígena de la persona trabajadora, como una acción afirmativa que coadyuve en los derechos de los pueblos y comunidades originarios.
Detalla que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia que, juntas, reúnen 364 variantes.
“Las más frecuentes son náhuatl (22.4 por ciento), maya (10.5 por ciento) y tzeltal (8 por ciento). De cada 100 personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español”.
Los y las legisladoras también avalaron un proyecto para establecer el 1 de octubre de cada seis años, día de descanso obligatorio con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
El documento explica que estas reformas tienen la finalidad de armonizar la legislación en la materia, en particular por lo que hace a los días de descanso obligatorios previstos en la Ley Federal del Trabajo.
“El 1 de octubre no sólo implicará un día de cambio de liderazgo en el Gobierno Federal, sino también un momento de descanso, reflexión y preservación de la herencia cultural, cívica y política, para que la nación se una en torno a la celebración de la democracia y la estabilidad política, económica y social de México”.
Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda también avalaron un dictamen que tiene por objeto institucionalizar las evaluaciones de impacto legislativo ex ante y ex post, por parte del Instituto Belisario Domínguez.
Al referirse a este proyecto, el senador Gilberto Herrera Ruiz, de Morena explicó que el objetivo de cambiar el reglamento del Senado es para que no se evalúe a los legisladores por la cantidad de iniciativas que presentan, sino por su calidad.
“Que el Belisario Domínguez se convierta en un centro de investigación, que nos permita ver cual será el impacto que tendrá una ley aprobada en el ámbito social, económico o ambiental y, cuando ya se aprobó la ley, saber que impacto tuvo esta”, indicó.
