*La Secretaria de Gobernación Cierra el Teléfono a Opositores
*La Función de la Dependencia; Fomentar la Gobernabilidad
*Reuniones en Palacio Nacional sin la Presencia de Todos
GERARDO LAVALLE
Escuchar que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalá no le toma la llamada a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, genera incumplimiento de las funciones del órgano político del Gobierno Federal, en cuyas responsabilidades primigenias está la de atender el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho.
La Ley de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Gobernación es la encargada de las relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica.
La Secretaría de Gobernación atiende el desarrollo político del país y coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho.
Es su responsabilidad “Fomentar la gobernabilidad democrática, fortalecer el Estado de Derecho, establecer una cultura de respeto y protección de los Derechos Humanos, priorizando la construcción y participación de la ciudadanía, con el objetivo de reconstruir el tejido social y con ello dar pasos firmes en la estabilidad social y política del país, a través de relaciones con las diversas figuras que componen el Estado Mexicano y los poderes de la Unión.
Y finalmente, entre otros muchos rubros, se precisa: Ser el eje estratégico enfocado a la gobernabilidad, participación ciudadana, protección de los derechos humanos y democracia participativa, ello para que México tenga una sociedad abierta, libre, plural, informada y crítica, reconociendo que el respeto pleno al Estado de Derecho es la única vía que permite a los mexicanos vivir en armonía”.
Sin embargo, todas las responsabilidades políticas conferidas a la Secretaría de Gobernación, se aplican solamente a ¡23 gobiernos! y a ninguno de las oposiciones. No es acusación vana. Es la realidad.
Revisar la agenda presidencial corrobora lo escrito: en las reuniones del presidente de la República con los gobernadores, solamente se convoca a los de Morena, al del PES y al del PVEM. Están ausentes los del PAN, los del PRI y los de Movimiento Ciudadano.
EL ACUERDO DEL
IMSS-BIENESTAR
La semana pasada se realizó una reunión en Palacio Nacional para hacer público que 23 gobernadores firmaron el convenio para fortalecer el IMSS-Bienestar, organismo de salud pública que sustituye al INSABI que a su vez lo había hecho con el Seguro Popular. En la foto oficial, solamente aparecen los que son de Morena o de los partidos afines. Ninguno de la oposición lo que representa una ruptura del Pacto Federal, toda vez que los 32 estados –la Ciudad de México es considerada jurídicamente entidad federativa con senadores que representan el Pacto Federal y 23 diputados federales además de los 66 legisladores del Congreso local- de acuerdo con el artículo 40, el régimen federal está conformado por estados libres y soberanos en todo lo que se refiere a su régimen interior, pero que están unidos en una Federación. En este pacto, la población ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión.
Es decir, no importa quien gobierne, de qué partido provenga, qué ideología tenga, todos y cada uno de los Estados forman parte del Pacto Federal y por ello están representados en el Senado de la República con dos congresistas electos por la vía del voto directo, uno de primera minoría y otro de lista.
Sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López ha excluido en todo momento a partir de su segundo año de mandato a los gobernadores que no fueron postulados por Morena o la coalición Juntos Haremos Historia.
Si bien el programa de IMSS-Bienestar no es de obligación constitucional para los gobernadores de los Estados, sí deben ser tomados en cuenta en la implementación del mismo y no ser excluidos solamente por no usar la camiseta guinda.
LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA,
PARTE DE LA DEMOCRACIA
A pesar de ser una República federal y el asiento de los Tres Poderes de la Unión se ubique en la capital del país y se reitere que el Zócalo y Palacio Nacional “son de todos los mexicanos”, las acciones del gobierno demuestran lo contrario.
El presidente mexicano cree que es infalible y su equipo de trabajo se mimetiza y actúa de igual manera. Entre prepotencia y suponer ser poseedores de la verdad y tener el poder absoluto, la titular de Gobernación incumple con su responsabilidad que, además de lo señalado en párrafos superiores, ignora que la negociación política es parte de la democracia. No atender los llamados de los gobernadores de oposición o de los dirigentes o legisladores que no son de Morena y adláteres, conlleva a distanciar las decisiones y, conforme a la Constitución, los estados son libres y soberanos y deben recibir la atención en asuntos prioritarios de cada entidad, entre las que se encuentran la seguridad, la salud, la educación.
En una entrevista que realizó el periodista Ciro Gómez Leyva a la mandataria de Chihuahua afloró que Luisa María Alcalde no le toma la llamada.
Seguramente en la mente de la funcionaria federal prevalece que Maru Campos fue la primera gobernadora en presentar la controversia constitucional para que no se distribuyeran los nuevos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.
Si México es una nación democrática, los disensos son el alimento de las libertades y éstas le dan vigencia a la pluralidad e impiden la concentración de poder como lo intenta y, en ocasiones consigue, el presidente de la República que, por supuesto, encuentra la ovación de sus empleados que no entienden que el poder no es permanente y la sumisión no eleva calidades de funcionarios públicos.
