Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Extraña forma de medir las acciones, tiene quien cobra como presidente de México, disfruta de un Palacio Virreinal, no paga un céntimo, vive como reyecito y pregona que no “puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.
Cuando desde la Secretaría de Gobernación salían sus titulares, en orden cronológico: Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López y ahora Luisa María Alcalde con rumbo al Senado de la República o a San Lázaro, sede de los diputados o bien llegaban a Pino Suárez y se entrevistaban con ministros, todo era válido.
Los funcionarios del Gobierno federal, es decir, del Poder Ejecutivo, acudían para entrevistarse con los congresistas, senadores y diputados, para cabildear la aprobación o rechazado de iniciativas que reformaban la Constitución o las Leyes. Iban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y charlaban “amigablemente” con aquellos ministros que públicamente se habían manifestado en contra de equis reforma constitucional o de leyes generales, federales. E incluso, negociar la constitucionalidad de reformas como las de Tabasco –“ley garrote”-, o Veracruz –“Ley Nahle”- y Baja California –reelección disfrazada”- para que las dejaran vivas y se aplicaran.
Es un trabajo político, en tratándose de la relación entre poderes y muy distinto al que realizan los cabilderos profesionales, registrados en el Poder Legislativo, que representan poderosas industrias como la tabacalera, la alcoholera, la farmacéutica o la de comida chatarra.
Luego, entonces, cabildear no es un delito. Y si los congresistas no prestan atención y respetan el proceso legislativo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos terminan por suspender la vigencia de las reformas.
Si el Poder Judicial de la Federación estima que la reforma a los transitorios de la Ley Orgánica que regula sus acciones es violatoria de l Constitución, tiene el derecho de cabildear en el Congreso de la Unión para frenar las modificaciones.
No será la Corte la que presente las medidas que frenen las acciones. Serán los congresistas, diputados y senadores y los organismos autónomos, en su caso y los afectados directamente con la reforma, en esta ocasión los trabajadores del Poder Judicial.
Si el huésped temporal de Palacio Nacional supone que puede avasallar a otro poder, muestra la ignorancia que tiene sobre asuntos jurídicos y en nada le ayuda la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República alentando las descalificaciones.
El señor López ya hace cuentas de lo que hará con 15 mil millones de pesos que obtendría de los 13 fideicomisos de que aprobó extinguir la Cámara de Diputados. Quizá deba apurarse y sacar el dinero de inmediato, gastárselo sin comprobación alguna. De lo contrario, la suspensión para el acto reclamado será ipso facto.
Por lo pronto, como es su costumbre, habla sin sustento y acusa sin pruebas. Sostiene, con sus otros datos, que los ministros, solamente 11 entre los que se cuentan sus empleadas personales que en lugar de revisar leyes y amparos están dedicadas a “informarle”, es decir, son espías oficiales, cómo se avecinan las cosas en las decisiones que tomarán los ministros.
Decir que los ministros están acostumbrados a los lujos, a los privilegios, a usar el dinero para pagar costosas comidas y hasta para hacerse cirugías plásticas, es no tener los pelos de la burra en las manos.
¿Cuánto cuestan las comidas que ofrece a sus amigos en Palacio Nacional?
Recordad que 11 ministros no son el Poder Judicial de la Federación. Son, sí, la última instancia para resolver diferendos. El resto del personal, magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y demás, no tienen fuero y si gozan de los beneficios que producen los fideicomisos. Incluso, el dinero de alguno de ellos, es para laudos laborales o liquidaciones de quienes son despedidos.
El cabildeo, hay que insistir, no es delito. Y si lo fuera, entonces lo ha cometido en reiteradas ocasiones el jefe de la banda presidencial.
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