Yo Campesino
• El endeudamiento del 4.5 del PIB para 2024 lo pagaremos con más carestía y pobreza
Miguel A. Rocha Valencia
A la fecha, el 39 por ciento de la población económicamente activa con empleo fijo, es decir cerca de 23 millones de 60 millones mexicanos tienen problemas para adquirir la canasta básica a pesar de los incrementos salariales “históricos” logrados por la 4T, simplemente porque inflación, carestía y atención a la salud, se “comieron” tales aumentos.
Y si bien los índices inflacionarios tienden a disminuir, los precios de la comida, medicamentos y servicios de salud, entre otros, se encarecieron y no van a bajar, aunque disminuyan las tasas de interés de Banxico, que se mantienen en el 11.25 por ciento y podrían aumentar si la FED determina un nuevo incremento.
De hecho, a casi un año de implementarse el mecanismo de contención los resultados son mínimos porque tanto la general como la inflación subyacente se fueron para arriba, todo lo encarecieron y ahora eso ya no baja especialmente en los derivados del campo, medicinas y tratamientos médicos. Incluso el sacrificio de poco más de 500 mil millones de pesos por no cobro de IEPS en combustibles se vio minimizado por la carestía.
El tema dicen, los que saben es que uno de los ingredientes del fenómeno inflacionario fueron las mismas altas tasas de interés que encarecieron el dinero así como la existencia de una demanda primaria ya sea por salarios o por el reparto de dinero sin sustento de alguna actividad económica.
Es decir que la existencia de poco más de 700 mil millones de pesos en circulación pero que no provienen de actividades productivas, generó demanda, como bien dice el ganso, pero al no existir una sobreproducción que respalde esa demanda-circulante, propicia aumento de precios.
De hecho, los especialistas financieros al hablar sobre el endeudamiento “histórico” que contraerá quien dijo que no pediría prestado, traerá consecuencias a costo y medianos plazos que vamos a pagar todos los mexicanos lo mismo en el deterioro de servicios que falta de inversión y desde luego aumento de precios.
Deterioro de servicios porque se destinará más dinero a las obras del ganso y los programas sociales-electorales para comprar votos y se descuidarán áreas administrativas, renovación de equipos y mantenimiento, lo cual pegará a la inversión a que algunas empresas generen empleo, amén de que afectará áreas del servicio público, especialmente en el rubro de la salud donde el recorte resulta criminal.
Pero, además, el pago de intereses de esa deuda que se sumará a la ya contratada durante todo el sexenio que siempre fue deficitario distraerá recursos a la administración y para colmo, como se trata de dinero no derivado de actividades productivas y se va a gasto de fondo perdido, propiciará un nuevo aumento de precios.
De hecho, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte sobre este fenómeno que junto con las pensiones de IMSS, ISSSTE y otras instituciones además de las del bienestar, comprometerán el gasto de funcionamiento de la burocracia más allá de la llamada austeridad franciscana. Son poco más de dos billones de pesos.
Dice el secretario de Hacienda quien no niega los efectos negativos, que estaremos muy por debajo de una situación de riesgo financiero y tiene razón pues existen los recursos para hacer frente a los requerimientos urgentes de liquidación de deuda, cuyas amortizaciones de corto plazo están contempladas en el propio presupuesto 2024. Empero el débito promedio por mexicano se eleva casi al doble y tendrá que pagarse el principal más los intereses en muchos de los documentos que se liberen que estarán en promedio por arriba del 10.5 por ciento.
Eso significa el pago de muchos miles de millones de pesos y dólares sin que exista un respaldo en los ingresos fiscales, ya que, según los propios expertos, “este fue un sexenio perdido” donde la recaudación se mantuvo en niveles de 2018, no creció y el gobierno de “alimento” con la absorción de fideicomisos, fondos de estabilización, recortes presupuestales incluyendo organismos autónomos, participaciones de los estados y una reasignación del gasto bajo la discrecionalidad del Ejecutivo.
Para los analistas era obvio que el presupuesto 2024 tendría un alto nivel político-electoral, pero califican de excesivo lo que sucede con el débito porque no existen los recursos reales para solventarlos sin poner en riesgo el gasto corriente, la inversión pública y el funcionamiento del aparato administrativo. Plantean que habrá problemas.
Y sí, tienen razón, pero como en este país el Congreso y en específico la Cámara de Diputados es una oficina de recepción de patentes que aprueba todo lo que le manda el patrón, el endeudamiento se dará y a ver quién paga.
