WASHINGTON. Donald Trump acumula cuatro imputaciones penales, pero hay una, la que lo acusa de intentar alterar el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia, que complica seriamente las posibilidades del expresidente de EU de librarse de la cárcel.
Esta última acusación no solo es la más fácil de demostrar, sino que no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder tras las elecciones de 2024, en las que aspira a ser el candidato presidencial republicano que se enfrente al demócrata Joe Biden.
Según la Constitución Estadounidense, un mandatario no puede perdonarse en una acusación estatal.
Trump estaba ya imputado en Washington D.C. por intentar revertir los resultados electorales de 2020; en Florida por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca al acabar su mandato y en Nueva York por un supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniels para comprar durante la campaña electoral de 2016 su silencio sobre su “affaire”.
En el estado de Nueva York solo podría indultarlo el gobernador, mientras que en Georgia está opción no es viable.
Trump perdió en Georgia por menos de 12 mil votos contra Biden. La llamada que hizo en enero de 2021 al secretario de Estado estatal, Brad Raffensperger, para presionarlo para “encontrar” los votos suficientes para revertir el resultado de los comicios allí, algo a lo que el funcionario se negó, originó la investigación que lo volvió a llevar ante los tribunales.
Los 13 cargos que recibió en Georgia incluyen el de violación de la ley estatal contra el crimen organizado y el de conspiración para suplantar a un funcionario y para presentar documentos falsos. Junto a él fueron imputadas otras 18 personas, entre ellas su exabogado personal y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows.
La acusación de crimen organizado, según subraya la profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown Susan Low Bloch, experta en Derecho Constitucional, “generalmente se usa para la mafia”, y “acusar a un expresidente de actuar como un jefe de la mafia es bastante sorprendente e impactante”.
La llamada Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés), utilizada en esta ocasión, ha permitido condenar en el pasado a jefes mafiosos como John Gotti, al evitar que esos capos escaparan a la justicia al no haber cometido los delitos supuestamente ordenados a otros.
