La autoadscripción calificada, trascendente ante el próximo proceso electoral para que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas accedan a cargos de elección popular: magistrada Janine Otálora Malassis.
México tiene una deuda histórica con las comunidades y los pueblos indígenas, la cual es urgente empezar a saldar por parte de todos los Poderes, aseguró la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Al encabezar la inauguración del “Foro con personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas”, moderada por la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Marina López Santiago, la magistrada Janine Otálora consideró que persisten desigualdades profundas que se remontan a una discriminación histórica que esos grupos sociales han vivido, como es la falta de acceso a la educación, servicios básicos de salud e información en sus idiomas maternos y una deficiente representación política en todos los ámbitos.
Ante mujeres y hombres representantes de pueblos y comunidades indígenas del país, señaló que trabajar por sus derechos humanos es una forma de impulsar los derechos humanos de todas y de todos, y de avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa e inclusiva.
Durante los trabajos del Foro, organizado por la Defensoría Pública Electoral en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la magistrada del TEPJF expuso la sentencia de la Sala Superior sobre la autoadscripción calificada, la cual consideró trascendente ante el próximo proceso electoral por la posibilidad que tienen las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para acceder a los cargos de elección popular, particularmente a la Cámara de Diputados y al Senado.
También, destacó que las acciones afirmativas son un mecanismo para construir una democracia inclusiva, de las cuales son beneficiarias y beneficiarios las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Estos instrumentos, enfatizó, permiten derribar barreras y obstáculos que impiden a estos grupos sociales acceder a los órganos de decisión, además de ser un bien jurídico de las y los que conforman los pueblos y comunidades indígenas, quienes deben de exigirlas y cuidarlas en cada proceso electoral.
Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales locales y federales tienen el deber, la obligación y la responsabilidad de asegurar que las elecciones federales y concurrentes sean más inclusivas, ya que en México la democracia tiene que ser intercultural, puntualizó.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Eva Barrientos Zepeda, señaló que es indispensable tener una mayor cercanía con pueblos y comunidades indígenas, a fin de que las autoridades del Estado lleven a cabo acciones desde la cosmovisión con la que se rigen para que puedan ejercer de manera plena sus derechos político-electorales.
En su intervención, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, refirió que a pesar del dinamismo sociopolítico de los pueblos y comunidades indígenas sus mecanismos normativos siguen vigentes y hacen real el ejercicio de la libre determinación, de ahí la importancia de conocer su organización social y tradiciones, con el propósito de hacer valer su voz y sus derechos de participación y representación política.
En tanto, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, apuntó que el reto para las autoridades es actuar con legalidad y tomar decisiones institucionales para crear mecanismos con perspectiva de género y de interculturalidad, y de esa forma promover aún más los derechos políticos de las mujeres indígenas.
