Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
En poco más de un año México contará con un nuevo gobierno. ¿Cuáles serán los cambios que traerá aparejados el nuevo mandato? Dependerá, desde luego, de quién gane, pero es indudable que a la persona que llegue a la Presidencia de la República le tocará lidiar con uno de los problemas más graves del país: la delincuencia organizada, los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales.
El hecho de que los criminales hayan logrado controlar muchísimos municipios de las entidades del país, será un arduo trabajo para recuperar la estabilidad y la confianza, además de todo lo que se ha ido perdiendo en el actual sexenio.
Para el Comité Cerezo México, en su informe de enero de 2023 sobre los hechos en materia de ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2022, el total de las mismas es de 22 personas defensoras de los derechos humanos, lo cual se puede señalar, dicen, porque tales casos cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:
-“Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y…
-“Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.
En el informe, la agrupación hace notar, de acuerdo a una gráfica, “que las víctimas de ejecución extrajudicial de los cuatro primeros años del gobierno de AMLO superan ya las cifras de todo el gobierno de Calderón, aunque no alcanzan las cifras del periodo de EPN, el cual ha sido el más violento en contra de las personas defensoras de los derechos humanos desde que iniciamos esta documentación”.
EL POR QUÉ DE
LAS ALTAS CIFRAS
El por qué de lo alto de las cifras en comparación con el gobierno calderonista es por dos factores:
1.- “Que a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores y,
2.- “Que desde el gobierno federal existe una política de impunidad ya que no hay castigo a los responsables, escudándose el gobierno federal en que no es de su competencia el delito de homicidio que es del fuero común, no obstante desde los derechos humanos, la responsabilidad de proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, aunque legalmente la justicia federal tendría la capacidad de atraer todos casos de ejecución extrajudicial”.
Esta agrupación recordó hace seis meses que, hasta antes de la entrada de López Obrador a la presidencia, los gobiernos del PAN, a partir del 2006 y del nuevo PRI, “usaron principalmente la estrategia de control social mediante el terror para profundizar la política económica neoliberal en México, sin que esto quiera decir que dejaron de usar la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente”.
Y añade: “Con el gobierno actual ya no es la estrategia de control social por medio del terror el método principal, ahora se intenta el control social mediante programas sociales masivos, sin que esto quiera decir que no se usen las otras dos estrategias”.
Además… “El gobierno federal permite y tolera la estrategia de represión política, es por ello que ésta se implementa por medio de los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos políticos, incluido Morena.
“Este hecho tiene como consecuencia la continuidad en el cometido de ejecuciones extrajudiciales, incluso en los territorios gobernados por Morena”.
Explican que una ejecución extrajudicial ocurre “cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005)”.
Y las cifras hablan. En este sexenio, hasta 2022 sumaron 79, mientras que el entonces panista Calderón alcanzó 67. Sin embargo, el actual gobierno todavía no rebasa al mandato de Enrique Peña Nieto quien sumó 179 ejecuciones extrajudiciales.
En el presente sexenio la entidad que se lleva el cetro en la materia es Oaxaca, con 10; seguido por Puebla, con 3; Michoacán, 2; y Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California con uno cada entidad.
Asegura la agrupación que el principal derecho humano que defendían las personas defensoras víctimas de ejecución extrajudicial es:
– Siete Víctimas: el derecho al territorio.
-Cinco: los derechos humanos relacionados a la Vida digna.
-Tres: la libertad de expresión.
-Dos: la defensa de los derechos humanos.
-Y tres más: la integridad personal y la protesta.
MAS HOMBRES
QUE MUJERES
Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, en el mencionado periodo de 2022, las mujeres representaron un 18%, con 4 víctimas, mientras que el resto, 18 víctimas hombres, representan el 82% restante del total.
Y hay datos también muy interesantes, en cuanto a que las víctimas, “en 8 casos eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, en 12 casos eran mestizas, en un solo caso era afrodescendiente y en uno más no pudimos determinar con base en la investigación la pertenencia o no a un pueblo indígena de las víctimas”.
El Comité Cerezo México precisa:
“Es de mencionar que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, si se mira desde una perspectiva proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México”.
¿A quién beneficiaban tales muertes?
La respuesta que da la agrupación es: “En once casos los beneficiarios de esta violación a los derechos humanos son gobiernos municipales, en 7 casos son gobiernos estatales, en tres una empresa estatal y en un solo caso, el beneficiario es un particular”.
Se pregunta además sobre el partido en el gobierno en el momento de la ejecución.
La respuesta que otorga es: PRI en 12 casos con el 55%; Morena, en 8 casos con 36%; PAN en un caso, con 5%; y PES, en uno también, con 4%.
