Gremios antigubernamentales y ciudadanos de diverso signo ideológico marcharon el miércoles en varias ciudades de Perú reclamando el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien lleva poco más de siete meses en el poder.
La movilización central se realizó en Lima, donde ganaron las calles del centro histórico centenares de personas quienes además exigieron justicia para la cincuentena de muertos de la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasado.
Los manifestantes, algunos vestidos con trajes típicos de sus pueblos andinos, portaban carteles y banderolas con lemas como «Nuevas elecciones», «Yo quiero nueva constitución», «Cierre del Congreso», «¡Fuera Dina, asesina!»
No faltaron carteles pidiendo la liberación y restitución del destituído expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por su fallido golpe de estado del 7 de diciembre último.
«Nosotros el pueblo, hemos despertado y queremos que cierren el Congreso y también que cierren el ejecutivo porque la señora Dina Boluarte está usurpando un cargo que no le pertenece», dijo a la AFP el ciudadano Carlos Beltrán, de 38 años, que llegó desde la surandina Huancavelica.
La Central General de los Trabajadores del Perú (CGTP), partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil impulsaron la movilización.
Pedimos «adelanto de elecciones; ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026», dijo al diario La República Lucio Castro, secretario general del SUTEP el mayor sindicato de maestros del Perú.
Similares movilizaciones hubo en nueve de las 25 regiones de Perú, siendo las principales las de Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Lambayeque, Tacna, Junín, Cajamarca y Piura.
En Huancavelica, la policía dispersó con gases lacrimógenos a cientos de pobladores que trataron de quemar la prefectura de esa ciudad, afectando parcialmente a la puerta.
«No es un día normal. Estamos en una situación en que un grupo de manifestantes de varias regiones del país han salido a expresar lo que es conveniente a sus intereses políticos», dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, en declaraciones a periodistas.
El congreso, controlado por la derecha, rechazó a inicios de año dos proyectos de Boluarte para adelantar las elecciones a 2024. Luego, ambos acordaron tácitamente permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos en julio de 2026.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una veintena de los 50 muertos que dejó la represión fallecieron por impactos de bala. En enero, la Fiscalía abrió una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves». Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato.
