*Inferior a las Leyes, Pero con Efecto
Inmediato
*Su Utilización, Para “Resguardar” la
Información
* En México no Todo es de Seguridad
Nacional
POR EZEQUIEL GAYTÁN
La expresión gobierno por decreto es un recurso que históricamente existe en nuestra legislación y en otros países del orbe. Nuestros gobernantes la han utilizado con mayor o menor vehemencia, pues su utilidad es jurídica, política y administrativa. Se trata de una fórmula legal que el titular del poder Ejecutivo Federal utiliza al decretar la acción jurídica de manera inmediata con la ventaja de
que en principio es una norma contundente y difícilmente atacable. Por supuesto que se puede recurrir ya sea al amparo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de señalar al decreto como controversial y anticonstitucional si es el caso, pero en esencia es prácticamente concluyente. Por lo anterior, nuestros gobernantes, sobre todo los proclives a la autocracia se embelesan ante la idea del “decretazo presidencial”,
pues les permite crear leyes arbitrariamente si necesidad del debate y la aprobación del poder Legislativo.
Gobernar por decreto es un recurso valioso ante situaciones de emergencias, de ahí que son muchas las constituciones en el mundo que lo permiten debido a su eficacia, ya que de otra manera los legisladores podrían tardarse semanas en aprobarlas. Empero, se corre el riesgo de que el decreto se convierta en un instrumento susceptible de ser aprovechado y subordinado a los antojos y ocurrencias de un mandatario y se recurra sistemáticamente a esa figura a fin de gobernar y a la larga de apabullar al poder legislativo o al judicial.
El decreto presidencial es incuestionablemente un acto legal, necesario, útil y su contenido reglamentario es inferior a las leyes. Por eso es importante dimensionarlo y evitar, en lo posible, recurrir a él como si se tratase de un reduccionismo político del juego de las vencidas entre los poderes de la Unión. Algo que me temo está ocurriendo en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 4 de mayo de 2015) es explicita en su Título sexto al abordar una taxonomía acerca de la información Clasificada, Reservada y Confidencial y desplegar sus conceptos. Más aún, el artículo 113 precisa que la Información Reservada es aquella que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”, lo cual no es acorde con el decreto presidencial del pasado 18 de mayo que argumenta que las obras
faraónicas del sexenio son asunto de seguridad nacional. Al respecto, la Ley de Seguridad Nacional (DOF 31 del enero de 2005) sostiene en su artículo tres que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Consecuentemente, en efecto, un aeropuerto es un asunto de
seguridad nacional, pues la integridad de las comunicaciones, los transportes y la infraestructura de México no pueden ser vulnerados. Empero no todo lo correspondiente a AIFA es un asunto de seguridad nacional.
Me explico con un ejemplo, el aeropuerto tiene cámaras de seguridad que indudablemente son de seguridad nacional y pública, por eso no cualquiera tiene derecho a saber dónde están ubicadas, sus singularidades y, en su caso, los puntos ciegos. Sin embargo, hay temas dentro de la misma agenda aeroportuaria a los que si tenemos derecho a saber; léase, los costos de la obra y los contratistas.
No todo es seguridad nacional, ni todo puede ser del dominio público. Pero el presidente López Obrador en su radicalismo ya decidió que todo asunto vinculado con sus obras es de seguridad nacional. Entonces recurre a gobernar por decreto e intenta imponer su voluntad sin debates, ni argumentaciones del poder legislativo. Lo cual lo retrata como un hombre proclive al autoritarismo. Además de lo anterior, su actitud despierta desconfianza y sospechas fundadas de que algo se oculta. Lo cual no le ayuda a crear consenso social, ni a mejorar la imagen de
México acerca de la percepción social de la corrupción en la Administración Pública.
Algunos de sus decretos ya fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no me sorprenderá que así sucederá con sus siguientes decretos envueltos en la opacidad. Tal vez se trata de una estrategia política distractora con la intención de bombardear al país con decretazos presidenciales y en el tumulto de decretos y acuerdos pasar algunas bolas de humo en el juego de vencidas entre los poderes Judicial y Ejecutivo. Lo cual es un acto temerario y con el elevado riesgo de caer en el autoritarismo.
