Los Dados de Dios
*¿Para Bien o Para mal? Apenas los Ministros y Ministras la Están Escribiendo
NIDIA MARIN
Viento en popa… la confrontación unilateral del poder Ejecutivo contra el poder judicial. Desde Palacio Nacional indudablemente han tratado de doblegarlo, pero sus necedades no han fructificado.
Los poderes en México, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, guste o no al actual mandamás, son separados. Ninguno debe estar sujeto a otro y aunque en el caso de los legisladores no es muy clara su independencia, en los otros dos es, no sólo diáfana, sino transparente.
Sin embargo, actualmente el titular del Ejecutivo pretende dominar y amordazar al Poder Judicial y basa en la redacción del artículo ochenta constitucional, su necedad. Pero no ha podido ni podrá porque tendría que reformar la Constitución:
“Articulo 80.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’.”
Y lástima para el gran ego, pero si el Ejecutivo es “Supremo”, el Judicial también lo es:
“Articulo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito”.
Aseguran los estudiosos que el propósito central de la separación de poderes “…es permitir el funcionamiento de las ramas de jerarquía similar que integran el Estado, pero de manera separada y sin que una interfiera con la otra, libres de controles, obstrucciones o presiones intimidatorias. Tanto el poder Ejecutivo, como el Poder Judicial tienen la palabra “supremo” en la Constitución”.
El Capítulo IV – Del Poder Judicial, dice: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito”.
HISTORIA, PERO
DE LA BUENA
En este ingreso a la segunda década del siglo XXI, guste o no a quienes van contra la historia -en México y en el mundo- en materia de ejercicio de gobierno y pretenden establecer dictaduras, una buena parte de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país pasarán a la historia con reconocimiento. Dos o tres quedarán en los anales como traidores a los mexicanos.
Aludiremos a la historia…de la buena, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia con hechos resaltaron la independencia que debe existir entre poderes, misma que había sido cercenada durante las últimas décadas, pero sobre todo en la actualidad.
Aunque en el antepasado, en muchos casos, aún no estaba completamente asentada la mencionada autonomía o independencia de este poder, los ministros hicieron lo correcto. Sí, la actuación de la Suprema Corte de Justicia en el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, que duró poco menos de cuatro años, puede considerarse excelente.
“Era verdad que la Corte pasaba por una situación gravísima, pero la independencia de sus magistrados -Ramírez, Altamirano, Bautista, Alas y varios más que constituían mayoría- le daba una gran fuerza e independencia, como lo reconoce el propio Juvenal en sus críticas acérrimas”.
Así lo escribieron César de Jesús Molina Suárez y Salvador Cárdenas Gutiérrez en la “Historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1808-2006”. “México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1986–2006”.
Hoy, cuando las mujeres de la SCJN dan mucho de qué hablar, para bien y para mal, sobre su encargo, recordaremos (como escribieron Molina Suárez y Cárdenas Gutiérrez), que “el 2 de enero de 1959 tuvo como nuevo presidente a don Alfonso Guzmán Neyra, que con habilidad y con ayuda del Pleno dirigió al Poder Judicial federal, administró con acierto el alto órgano colegiado, entre cuyos miembros figuró por primera vez una mujer, la señora ministra María Cristina Salmorán de Tamayo”.
Honor a quien honor merece, de ellas y de ellos, pero en cuanto a aquellos o aquellas que le han fallado a los mexicanos, que paguen las consecuencias de sus actos como está sucediendo actualmente.
En otros tiempos, aunque menos lejanos, de acuerdo con la historia de ambos investigadores, hubo otros hechos:
“Destacan en este penúltimo tomo publicado a finales del 2005, las reformas realizadas al texto constitucional en la gestión sexenal del presidente Ernesto Zedillo, pues introducen cambios importantes tanto a la conformación como a la competencia del Poder Judicial, permitiendo volver a ocupar un lugar de superioridad en el orden jurídico y político nacional, el cual ya ha disfrutado en otras épocas históricas, mismos que le confieren atributos de un verdadero Poder.
“Las características de estas reformas a fines de siglo fueron: 1) La creación de un órgano nuevo en la estructura del Poder Judicial de la Federación, hasta entonces desconocido por completo en la historia judicial de México: el Consejo de la Judicatura Federal. Este nuevo organismo asumió la mayoría de las facultades no jurisdiccionales de la Suprema Corte, que eran las relativas a la administración del Poder Judicial de la Federación; 2) Continuar con la transferencia de atribuciones jurisdiccionales a los Tribunales Colegiados de Circuito y la transformación de la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional, lo cual se inició con la reforma constitucional de 1988; 3) Las nuevas atribuciones que se confirieron a la Suprema Corte para otorgarle, de manera amplia y definitiva el carácter de Tribunal Constitucional”.
Ciertamente, en el actual gobierno (y quizás a pesar de éste) se llevaron a cabo una serie de reformas al Poder Judicial que muchos abogados aplaudieron pero que, como siempre, serán juzgadas, para bien o para mal, en los siguientes años.
Sí, también harán historia, como sus ministros y ministras.
¿De la buena o de la mala?
Ese es el asunto.
