Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La SEPARACIÓN DE PODERES en un régimen democrático se entiende como el ejercicio de los contrapesos entre ellos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en el caso del ejecutivo federal, es indivisible el cargo. Es claro: se deposita en una sola persona. El Legislativo en 628 individuos -500 en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado- y el Judicial por 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Las leyes reglamentarias salen sobrando para el ejercicio de forma y fondo de las tres entidades autónomas e independientes unas de otras.
El abuso de poder, entendiendo que se gesta en dos poderes: Ejecutivo y Legislativo, es frenado por el Judicial, cuya función no encuadra en lo político sino en la legalidad.
De ahí que, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentre facultada para suspender, provisional o indefinidamente una o varias acciones que sean controvertidas o inconstitucionales.
¡Y lo hizo!
El ministro Javier Laynez Potisek, designado ponente para analizar la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral, en contra del llamado Plan B del gobierno federal para, disfrazando el fracaso de su reforma electoral, suspender sus efectos por tiempo indefinido.
Un revés completo para el presidente de la República que, ante la imposibilidad de reformar la Constitución optó por el camino que ya había recorrido: la reforma legal.
Una reforma cuestionada, con sustento jurídico por los estudiosos de la Constitución, entró en estado de coma. Está intubada y el Ejecutivo federal no encuentra cómo salvarla,
A nadie debe extrañar a ponencia del ministro Laynez Potisek. Actuó conforme a la legalidad. Porque para él como para los otros ministros de la Suprema Corte, se entiende que el trabajo solamente tiene un valor primigenio: la LEY ES LA LEY.
No se trata de interpretarla y decir “a mi no me salgan con que la ley es la ley”, expresión del presidente de la República, cuya visión es que la ley debe hacer justicia, no la justicia apegarse a la ley.
Con la decisión conocida la noche de ayer, se derrumban todos los argumentos sostenidos por el Ejecutivo federal y sus empleados, sus adláteres, su partido Morena y el sistema electoral nacional se salvaguarda para beneficio de los ciudadanos del país, pobres, clasemedieros y potentados. Porque para la ley TODOS SOMOS IGUALES.
La reacción presidencial -no la conocíamos hasta las 20.30 horas en que se escribió esta entrega- no deberá sorprender a nadie. Impugnará la propuesta del ministro Laynez ante el Consejo Federal de la Judicatura y hasta ahí.
Y mientras se resuelve el fondo, el INE recupera sus facultades, el Padrón Electoral no pasa a Gobernación y no se disuelven las 300 Juntas Distritales, entre otras aberraciones propuestas por el presidente López y aprobadas por las bancadas de Morena, PT y PVEM.
La confianza en elecciones libres y confiables, retorna.
Y en Palacio Nacional habrá petición extra de Pasiflorine y vitacilina.
No hay de otra.
Se informó en tiempo y forma de la ilegalidad de la reforma electoral. Nadie del Poder Ejecutivo y del sumiso Legislativo, en la parte que encabeza Morena, atendió los llamados. Los desecharon. Y se burlaron de ellos. Ambos poderes, la parte oficialista del Legislativo y el Ejecutivo, se burlaron. Insistieron en su postura de desarticular el sistema electoral con un solo objetivo: controlar los procesos electorales como lo hacían los gobiernos del PRI hasta 1988.
Las amenazas del intento del “poder de los poderes” no se harán esperar y los misiles en contra de la ministra presidenta Norma Leticia Piña Hernández se multiplicarán. Será la prueba de fuego para la Corte y para los ciudadanos que creen en la legalidad.
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