A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Y pareciera que no hay modificaciones en los gobiernos. Han pasado 12 años y la situación es más grave. Ningún presidente de México ha logrado reducir los asesinatos de periodistas.
En el Continente Americano a partir de la frontera del Rio Bravo y hasta la Patagonia, matan periodistas. Los únicos países que al parecer han permanecido sin este tipo de crímenes han sido Canadá y Estados Unidos. El resto, lo mismo del continente que del mar Caribe y las Antillas han tenido que enfrentar esta situación.
Las instituciones especializadas aseguran que las principales causas de los crímenes de este sector de la población el año pasado, es decir en 2022, “fueron las represalias por informar sobre el crimen organizado, los conflictos armados o la cobertura de temas comprometidos como la corrupción, los delitos contra el medio ambiente, el abuso de poder y las protestas”.
No es todo, porque el índice de impunidad de los asesinatos de periodistas sigue siendo muy elevado: 86%.
Pero hubo mucho más, porque aunadas estuvieron otras formas de violencia contra los comunicadores: “las desapariciones forzadas, los secuestros y las detenciones arbitrarias, el acoso y la violencia en las redes, en particular contra las mujeres periodistas”, expusieron los especialistas.
Se trata de un asunto que viene de lejos. Más, por ejemplo, en 2020 a finales de septiembre, se contabilizaron 39 asesinatos de periodistas en los primeros 9 meses del año, de los cuales 16 ocurrieron en la región de América Latina y el Caribe.
También en el periodo 2018-2019 en Latinoamérica y el Caribe, ocurrió el mayor número de atentados mortales, es decir el 31% del total de asesinatos de periodistas registrados en todo el mundo, seguida de la región de Asia y el Pacífico, con el 30% de los asesinatos.
Pero en 2022, la cifra en esa región se disparó hasta llegar a 29 periodistas y comunicadores asesinados.
Lamentablemente fue México el que estuvo a la cabeza en el Continente Americano y ocupa el segundo lugar mundial más peligroso para los periodistas, sólo superado por Ucrania donde Rusia desató una cruel guerra de acuerdo a la revista Latam Jurnalism.
SE DISPARAN
LOS CRIMENES
Sin embargo, de acuerdo a la ONU Tras varios años de descensos consecutivos, 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada cuatro días, informó la UNESCO.
Expuso, además, que el año pasado se rompió una tendencia a la baja que se había observado, ya que, de los 99 asesinatos en 2018, la cifra había descendido a una media de 58 asesinatos al año entre 2019 y 2021, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la institución.
Tan grave ha sido el asunto que el organismo internacional dijo que América Latina y el Caribe “fue la región más mortífera para los periodistas en 2022, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo”.
Respecto de los asesinatos, expone la institución:
Casi la mitad de los informadores fallecidos se encontraban de viaje, en sus domicilios, en aparcamientos y otros lugares públicos fuera de su lugar de trabajo. Una tendencia al alza durante los últimos años que, “implica que no existen espacios seguros para los periodistas, ni siquiera en su tiempo libre”.
Por cierto, que 2022 en México, superó al 2011, cuando se había contabilizado la cifra más alta de asesinatos de periodistas.
Sí cuando faltaba un año para concluir el mandato del gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, los asesinatos y agresiones contra periodistas, así como los ataques contra instalaciones de los medios de comunicación, rompieron el record registrado en cuatro sexenios.
Fue entonces cuando México logró el primer lugar en homicidios contra este sector de la población en el Continente Americano y el quinto a nivel mundial. Con ello el país avanzó en barbarie y retrocedió en democracia.
El vergonzoso galardón se logró porque cuando faltaba un mes para que concluyera el año, habían asesinado a 15 periodistas, además de que habían sido atacadas las instalaciones de 25 medios de comunicación.
En ese entonces, desde la ONU, Frank La Rue, relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU, había exigido la investigación de la muerte de los comunicadores, además de señalar la ausencia de interés y de justicia, así como la impunidad de la que “es responsable el Estado. Me parece que es especialmente con la prensa, que ha sido más crítica en los casos de corrupción o con los casos de abuso de autoridad física. Pareciera que el gobierno y las autoridades de seguridad simplemente no reaccionan, con lo cual generan un ambiente de mayor hostilidad y riesgo contra los periodistas”.
La apreciación sigue siendo válida.
En ese entonces también tomaron en cuenta el Informe de LaRue. Y hubo el señalamiento acerca de que la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas “se concentran en entidades federativas que cuentan con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
“En algunas de dichas entidades federativas existen actualmente comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad y violencia”, se dijo desde el Congreso de la Unión en un documento.
Se planteaba, además:
“En estas entidades federativas, el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, especialmente de aquellas y aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos conexos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes”.
Advertía: “Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México”.
El resultado fue que el 11 de noviembre de 2011 fueron aprobadas las señaladas reformas constitucionales para que puedan ser atraídas por las instancias federales las indagatorias de los delitos cometidos contra periodistas, personas vinculadas a la labor de informar o instalaciones de medios informativos.
Entonces había una luz en la lejanía.
Hoy está prácticamente apagada.
