ARGENTUM
Estamos tan ocupados en resolver nuestros problemas personales que no mostramos el más mínimo interés en enterarnos de los asuntos de la política. Tampoco nos hemos puesto a reflexionar el papel que debemos jugar en este ámbito, mucho menos que, como ciudadanos, nos toca nunca perder de vista lo que deben hacer los políticos.
El motivo medular de los procesos electorales es elegir, como todos sabemos, a las personas con el perfil adecuado para que nos gobiernen.
Sin embargo, no hay que perder de vista que cuando votamos estamos contratando a quienes hayan resultado ganadores, para que se encarguen de la administración de los recursos públicos y para que resuelvan los problemas propios de nuestras comunidades. Se entiende perfectamente que, si se trata de alcaldes o gobernadores, la ley les permite contratar a especialistas para ocupar las principales carteras de sus estructuras de gobierno. Esto es, personas con la capacidad que el puesto exige, para que se garantice que los programas de gobierno puedan cumplirse a cabalidad, y que a las problemáticas se les dé solución pronta y efectiva.
Cuando se cuenta con una estructura de colaboradores eficaces, no amerita realizar ninguna consulta para preguntarle al “pueblo” lo que los gobiernos tienen qué hacer o dejar de hacer. La gente ya les depositó la confianza al votarlos en las urnas.
Por otra parte, los ciudadanos no están obligados a ser partícipes, con aportaciones especializadas, a decidir lo que es responsabilidad de los gobernantes. Es más, preguntar a manera de consulta a la gente sobre cualquier decisión que deba tomar el gobierno, cuando los consultados no tienen una idea clara del tema que se consulta se tendrá una respuesta incierta y por demás ocurrente.
Actualmente observamos que se ha convertido en una práctica recurrente realizar todo tipo de consultas, tal como lo hacen los gobiernos populistas latinoamericanos. Marcadamente, en este tipo de actos, impiden la participación de los expertos, de los que más saben. Los consultados son pequeños grupos de beneficiarios de algún programa de gobierno, lo que, de alguna manera, los compromete a manifestarse hacia el lado que se les imponga. Hacer lo contrario es poner en riesgo los beneficios gubernamentales.
Esas prácticas han sido adoptadas por el actual gobierno mexicano.
Los resultados han sido desastrosos. Darle cause a alguna obra o resolución a través de un procedimiento no representativo, es como hacer un acto de simulación para cumplir con una ocurrencia.
Como ya se comentó, la gente elige y luego paga para que el gobierno les resuelva los problemas de todo tipo.
No se transgrede ninguno de los conceptos democráticos si no se le toma en cuenta al “pueblo”. Las campañas electorales son precisamente para eso. Los candidatos tienen la oportunidad de conocer, de fondo, los detalles necesarios de las problemáticas para armar sus programas de gobierno. Además, deben recurrir a estudios que regularmente hacen instituciones serias sobre todo lo que incumbe a los municipios o entidades federativas.
Cuando los gobiernos anteponen sus egos o caprichos, en lugar de las decisiones científicas y viables, habrá fracasos con costo directo al erario, que son los recursos de los ciudadanos que depositan en las manos de los gobernantes para que los administre correcta y honestamente.
Estas prácticas se combaten de origen, cuando la gente se involucra en los asuntos públicos. Cuando aporta, pero también exige. Cuando sale de sus ámbitos de confort y decide exigir a los políticos el cumplimiento de sus responsabilidades.
Todos los gobiernos tienden a la corrupción. Así lo demuestra la historia. Unos más que otros. El único freno es una ciudadanía decidida y resuelta a unir sus criterios e ideas con los todos núcleos sociales.
