La compra, recepción, almacenamiento y administración de las vacunas contra Covid-19 en la segunda ola de contagios de la pandemia se realizó en medio de irregularidades, como el pago duplicado a dos farmacéuticas y más de millón y medio de vacunas caducadas, indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El apartado de Adquisición y Distribución de Vacunas Covid-19 de la ASF afirma que se destinó más de 27 mil 31 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para comprar vacunas contra Covid-19.
Tras la revisión se emitieron seis recomendaciones, de las cuales dos son promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, luego de que Laboratorios y Biológicos y Reactivos de México (Birmex) notificara “la disposición final de un millón 631 mil 610 dosis de las vacunas contra Covid-19 con caducidad vencida que se encontraban resguardadas en el almacén del Instituto Nacional de Virología y que habían caducado en los meses de marzo y abril de 2022”.
La estrategia de vacunación en México estuvo a cargo del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez y mientras ocurrió la segunda, tercera y cuarta ola de contagios se identificaron discrepancias en los datos descritos relativos a las cantidades de dosis, número de lotes y de factura, entre otros.
Tampoco se supervisaron los pagos efectuados a dos compañías farmacéuticas, sin que se revelen los nombres la Auditoría indicó que “se realizaran pagos duplicados, de los cuales, en un caso, el reintegro al patrimonio del Fideicomiso del Fonsabi se efectuó 239 días naturales posteriores a su notificación sin que se proporcionara evidencia del reintegro de los rendimientos financieros generados”.
Las irregularidades en el manejo de las dosis están acreditadas en las actas de entrega-recepción y de hechos formalizadas de forma conjunta por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), por el Servicio de Administración Tributaria y por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La revisión a ese proceso indica que de igual manera en la distribución de las dosis de las vacunas a las entidades federativas existen incongruencias entre la información proporcionada por los 32 coordinadores estatales de las Brigadas Especiales (Correcaminos) y las bases de datos emitidas por Birmex y el CENSIA, toda vez que se reportaron cantidades de más, de menos, o bien, sin registrar.
